Melany Barragán
El Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la cual permite el aborto legal hasta la semana 14 de gestación, será discutido en el Senado argentino entre el 29 y 30 de diciembre. Después de que el pasado 11 de diciembre la Cámara de Diputados aprobara el documento por 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones, el texto se encuentra ya en el Senado, donde está siendo discutido en las comisiones de Banca de Mujer, Justicia y Asuntos Penales, y Salud. Si obtiene el dictamen positivo de los senadores que integran las citadas comisiones, sólo quedará un último obstáculo: su aprobación en sesión plenaria.
El proyecto, redactado por el Ejecutivo de Alberto Fernández, reintroduce en la agenda política el debate sobre los derechos reproductivos. Y es que no es la primera vez que los legisladores argentinos discuten sobre esta cuestión. En 2018, bajo el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), se trató de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo y derogar así la actual legislación, vigente desde 1921, según la cual sólo se permite el aborto en los supuestos de violación o riesgo de vida para la madre. Pese a conseguir la aprobación del Congreso con 129 votos a favor y 125 en contra, al llegar a la Cámara Alta el proyecto fue rechazado por 38 votos negativos frente a los 31 positivos.
Pese a que en esta ocasión parece que el debate va a ser menos tenso que hace dos años y que los números están más ajustados en el Senado, nadie da por segura la aprobación de la ley. Los bloques están divididos y los votos necesarios para la aprobación penden de un hilo.
En esta cámara, mucho mas conservadora y donde se representan los intereses de las provincias del interior, muchos de los senadores se amparan en sus creencias religiosas y en la necesidad de salvar vidas para justificar su negativa a la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, desde los sectores partidarios de la ley el debate no se plantea en términos de “aborto sí o no”, sino en torno a la disyuntiva de aborto legal o clandestino.
La realidad es que la decisión de considerar la interrupción voluntaria del embarazo como delito no impide que muchas mujeres sigan llevando a cabo esta práctica. En Argentina, según diferentes estimaciones, entre 350.000 y 450.000 mujeres abortan de manera clandestina cada año. La gran mayoría de ellas en condiciones insalubres, poniendo en riesgo sus vidas, al acudir a médicos no profesionales o haciendo uso de métodos peligrosos como perchas, sondas o agujas de tejer. No se trata, por tanto, sólo de una cuestión moral sino de un problema de salud pública.
Esta situación, visibilizada ahora en el caso argentino por la discusión del proyecto de ley, se hace extensible a toda la región latinoamericana. Sólo Cuba, Uruguay y Guyana permiten la interrupción voluntaria del embarazo en el marco de una ley de plazos. En el resto, el aborto se considera legal si cumple una serie de supuestos, siendo los más comunes el de violación, malformación del feto y riesgo de la vida de la gestante.
Sin embargo, países como Venezuela, Paraguay, República Dominicana, Guatemala o Costa Rica únicamente contemplan el aborto terapéutico. Esto es, el que amenaza la vida de la mujer. Ello coloca a las mujeres que desean acabar con un embarazo no deseado en una situación muy complicada que puede acarrear graves consecuencias, tanto en términos de salud como de pérdida de libertad.
Pese a ser una práctica sanitaria relativamente sencilla, el aborto supone un importante problema de salud pública en América Latina, cobrándose entre cinco mil y diez mil muertes anuales. Pero, además, es un problema político y social ya que ahonda en la pobreza y violencia crónica en la que viven sumidas millones de mujeres y pone en evidencia la falta de autonomía sobre sus propios cuerpos.
Esto se hace especialmente patente en los países más restrictivos en materia de aborto, como los centroamericanos, donde la prohibición de cualquier supuesto de aborto convive con altos índices de violencia sexual contra las mujeres y donde las penas por aborto pueden llegar a duplicar las penas por violación.
Pese a que cada vez son más las voces que claman por la despenalización del aborto, esta cuestión sigue siendo especialmente conflictiva en la región. La desigualdad, el peso de la religión, la inestabilidad política y la debilidad de los mecanismos de protección social actúan como poderoso contrapeso a la hora de hacer progresar iniciativas al respecto.
Pese a los esfuerzos del activismo y la existencia de algunos líderes con un enfoque más progresista en términos de derechos reproductivos y soberanía sobre el propio cuerpo, la despenalización del aborto en toda región aún es una realidad lejana.
Veamos qué depara la experiencia argentina y cuál es la decisión del Senado. En cualquier caso, el hecho de que una ley de este tipo haya vuelto a llegar a la Cámara alta para su discusión supone un paso importante en la defensa de los derechos reproductivos y contribuye a que el aborto deje de ser un tema tabú. Partidarios y detractores se movilizan en las calles, representantes y representados exponen sus posturas y afloran cifras y datos sobre los riesgos asociados a las prácticas clandestinas para interrumpir el embarazo.
Sin duda, tanto la experiencia de 2018 como la actual contribuyen al fortalecimiento de la sociedad civil y a la lucha por los derechos. Obliga a la búsqueda de puntos de encuentro, a repensar posiciones morales, a la búsqueda de alternativas y a sopesar, en los casos en los que haya conflicto, la importancia que se otorga las convicciones y a la salud pública.
Estos debates, más allá de los fines concretos que persiguen, también son una gran oportunidad para hacer funcionar la deliberación democrática y permiten visibilizar, a partir de la experiencia concreta, una deuda histórica con todas las mujeres de la región.
Malany Barragán es politóloga y profesora de la U. de Valencia y docente externa en la U. de Frankfurt. Doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global de la U. de Salamanca.
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