El que “no da paso sin huarache” en Michoacán, nos cuentan, es el candidato a la alcaldía de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar (PAN), quien busca la reelección y aprovecha hasta las desgracias para “sacar raja política”. Nos relatan que la tragedia ocurrida el martes pasado, donde murieron seis niños y su abuelita en un incendio, dejó al descubierto la presunta colusión de funcionarios municipales y de la fiscalía estatal con empresas funerarias, en la que “todos llevan agua a su molino” y han sido capaces de amenazar a familiares de las víctimas. Nos dicen que, aprovechando esa situación, don Alfonso, a través de sus compinches, ofreció pagar los gastos de las 7 víctimas, pero con una “funeraria amiga” que casualmente acapara este tipo de servicios y “gestiona” para agilizar trámites, lo cual ha levantado suspicacias por “tan benévolo gesto”. Algunos dicen, “piensa mal y acertarás”.
Mismo empeño para locales, ¿no?
Desde Baja California, nos platican que a los colectivos de familiares de personas desaparecidas “los dejaron como al chinito: sólo mirando”, luego de que en cuestión de días fue resuelta la desaparición de los tres extranjeros en Ensenada y hasta se detuvo a algunos de los implicados. Nos explican que la indignación es porque la Fiscalía General del Estado, a cargo de María Elena Andrade Ramírez, no da el mismo trato a los locales, pues, tan sólo en lo que va de 2024, alrededor de 300 personas continúan sin ser encontradas y, mientras doña Elena invirtió todos los recursos en el caso de los surfistas, los familiares de desaparecidos usan su propio dinero, empeñan sus pertenencias o hipotecan sus casas para costear la búsqueda de sus seres queridos. ¡Qué tal!
Voces contra la inseguridad
Nos comparten que, en Chiapas, no es un secreto que la inseguridad está desatada y más con el próximo proceso electoral, pues quedó demostrado que nadie está a salvo, como en el caso del ataque contra el candidato a la alcaldía de Benemérito de Las Américas, Juan Gómez Morales, en el que murió uno de sus hijos y un regidor, además de otros hechos, por lo que agrupaciones como “Pueblo Creyente”, que aglutina a tzotziles de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, alertó que es preocupante la violencia por la intromisión del crimen organizado y exigió a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela del Socorro Zepeda Soto, garantías. ¡Zas!