Tal cual, nos platican, no fueron tres, sino cuatro, los mosqueteros que se lanzaron contra el gobernador electo de Baja California Jaime Bonilla Valdez (Morena) para interponer un recurso legal contra la llamada Ley Bonilla. Se trata, nos indican, de sus cuatro exadversarios en la contienda electoral de junio pasado: Ignacio Anaya (PBC), Jaime Martínez (PRD), Óscar Vega (PAN) y Enrique Acosta (PRI), quienes se trasladaron hasta la Ciudad de México para presentar un Amicus Curiae. Dicho recurso, nos detallan, no se trata sólo de frenar la extensión del mandato —de dos a cinco años—, sino de impedir que don Jaime realice su toma de protesta el próximo 31 de octubre. Mientras son peras o manzanas, nos dicen que al futuro gobernador parece no importarle mucho la oposición, porque sin pena ni gloria prefirió no hablar del tema durante la transmisión en vivo que realiza religiosamente casi todos los días para informar sobre sus propuestas de gobierno y, claro, responder a los adversarios.
Sobre la reforma para agricultores
Nos dicen que Javier Lamarque Cano (Morena), diputado federal por Sonora, se colocó en la mira luego de que propuso una reforma para obligar a pagar derechos de agua excedentes a los agricultores del país, por lo cual, a partir de 2020 pagarían 3 mil 491 pesos por hectárea si exceden el tope de los 216 mil 364 metros cúbicos asignados. Tras ello, nos indican, don Javier tuvo tremendo encontronazo con productores del sur de Sonora y por Twitter reconocio “particularidades” que hacían que su propuesta pudiera “afectar a pequeños y medianos productores. Por ello, exhorto al Senado a no aprobarla”. Pero, nos dicen, el tema no se agotó ahí, pues la senadora sonorense Lilly Téllez (Morena) acusó a Lamarque de continuar en la postura de aplicar dicho impuesto... y hasta lo tachó de necio, cosa que él desmintió. ¡Puros dimes y diretes!
¿Hay un usurpador en las filas de RSP?
Quienes no pueden con la indignación, nos cuentan, son los integrantes en Oaxaca de la organización Redes Sociales Progresistas, que busca convertirse en partido, pues el INE entregó el acta de su asamblea constitutiva a Bersahín López, quien se ostenta como dirigente estatal de dicha organización… pero ante el instituto electoral oaxaqueño también está registrado como líder de Nueva Alianza. La agrupación, nos dicen, señala que dicho documento debió ser entregado al delegado del Comité Directivo Estatal de RSP, Enrique González Rojas, y no a don Bersahín, por lo que hasta acusó que está “usurpando” ilegalmente un cargo, pues la ley electoral le impide tener puestos en partidos distintos.
Súperdelegado jura que él no fue
El que no sufre ni se acongoja porque la Secretaría de la Función Pública cite que está bajo investigación por supuestas irregularidades en el manejo de programas sociales, nos cuentan, es el superdelegado de Sinaloa Jaime Montes Salas, quien atribuye que las indagatorias son sólo parte de un manejo mediático. Don Jaime, nos aseguran, afirmó que no tiene ninguna notificación oficial de que se abrió una investigación en su contra, como informó recientemente la secretaria de la Función Pública, Irma Erendina Sandoval, por lo que estima que nada puede pasarle, puesto que él no maneja dinero público. Ya veremos, nos dicen, qué revela el tiempo y si las investigaciones le dan la razón o no.
