La exsenadora y ahora diputada local de San Luis Potosí, Sonia Mendoza Díaz, nos revelan, sintió pasos en la azotea una vez que Emilio Lozoya reveló que años atrás se habría dado dinero a algunos legisladores, a fin de que aprobaran las reformas del Pacto por México. La razón de tensión, nos indican, tiene su origen en que cuando dichas reformas fueron avaladas, doña Sonia formó parte de la Comisión de Energías, por lo que al alzarse algunas voces contra ella, de inmediato reviró que los señalamientos viene directamente por haber hecho pública su intención de contender por la gubernatura potosina y “ahora aprovechan para enlodar a una mujer”, ya que haber sido parte del Senado no la hace cómplice de ningún delito. Así, nos añaden, luego de que la diputada apareció en una fotografía cuando integraba la Comisión de Energía en San Lázaro, rápidamente “se curó en salud”, como por ahí se usa el dicho, y aseguró que no conoce a Emilio Lozoya ni a gente cercana a él. ¡Qué tal!
En Nuevo León, nos comentan, hay tensión en torno al próximo 5 de agosto, cuando se espera que la Suprema Corte resuelva, ahora sí, la controversia constitucional promovida por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, quien se inconformó contra el Congreso local por el proceso de sanción instruido en su contra, luego de que el pasado 15 de julio, la SCJN pospuso discutir y votar una resolución elaborada por el ministro ponente Juan Luis González, que planteaba que el Legislativo estatal violó los derechos de don Jaime, al establecer un procedimiento especial sancionador por el tema del desvío de recursos para las “broncofirmas”, cuando debió iniciar un juicio político, como estipula la Constitución federal, discusión que se dejó en suspenso y no se retomó el 22 de julio, como se esperaba. ¿Habrá castigo para El Bronco o será uno de los salvados por “el mal proceso”?
Donde todo podría quedar “en familia”, nos aseguran, es en Tijuana, Baja California, una vez que el actual presidente municipal, Arturo González Cruz (Morena), no descartó participar en las elecciones por la gubernatura de 2021. El tema, nos explican, es que de ser ése el escenario, don Arturo podría pedir licencia al cargo, aunque no lo necesite porque los cambios en la ley local le permiten competir sin dejar el puesto. Pero eso no es todo, nos aseguran, pues una vez separado, quien tendría que tomar su lugar sería Karla Patricia Ruiz MacFarland, la actual titular de la Secretaría de Educación Pública municipal e hija de Titi Ruiz, el fiscal y también mano derecha del gobernador Jaime Bonilla Valdez.
Nos cuentan que, en Chilpancingo, Guerrero, el alcalde Antonio Gaspar Beltrán (PRD) se anda quejando de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no haya decretado el Estado de excepción durante la emergencia sanitaria por el Covid-19, lo que, según él, habría obligado a los ciudadanos al quédate en casa. El tema, nos dicen, es que en estos meses, don Gaspar no logró en su terruño implementar las principales medidas sanitarias para combatir la pandemia, como la reducción de la movilidad y el cierre de negocios no esenciales, por lo que ante el imparable crecimiento de casos positivos a Covid, anda buscando culpables, no importa si son del orden federal. Mal van las cosas, cuando hay muchas quejas y pocas soluciones, se escuchó por ahí.