La violencia en contra de las mujeres es cada día más extrema y con una grave impunidad. La condena a estos actos debe ser unánime, ya que la violencia machista y misógina es una constante en nuestro país y lamentablemente la revictimización de las mujeres es lo usual.
El feminicidio es la violencia más extrema en contra de una mujer, pero no es la única. Ser mujer en México es un riesgo, ya que no hay garantías que cuando salen a trabajar, a estudiar, abordan el transporte público o transitan por las calles, regresen a salvo. Hoy, desafortunadamente se encuentran en peligro de que un hombre se sienta con el derecho de tocarlas, golpearlas, arrojarles ácido, violarlas e incluso matarlas.
En nuestro país, más de diez mujeres son asesinadas diariamente y en lo que va de esta administración, más de ocho mil se encuentran desaparecidas, sin embargo, desde el Ejecutivo federal se ha minimizado la violencia en contra de ellas, lo que genera un ambiente de impunidad.
Desde 2012, a nivel federal, se encuentra tipificado el feminicidio y actualmente, dicho ilícito se contempla, también, en las leyes locales de las 32 entidades federativas, sin embargo, existen algunos casos en que su tipificación no garantiza el acceso a la justicia. Aunado a ello, no existen protocolos de atención e investigación, ni precedentes judiciales homologados.
La tarea del Estado mexicano es sancionar a los culpables y otorgar todas las garantías para que estos hechos no se repitan. Las autoridades deben de investigar todas las muertes de mujeres con la debida diligencia, ya que la impunidad genera que una persona asesine a una mujer simple y sencillamente porque puede. Lo hace, porque sabe que —al final— no será sancionado.
Necesitamos políticas públicas eficientes, acompañadas de los recursos presupuestales suficientes. Que las autoridades de procuración de justicia cuenten con protocolos homologados de atención de violencia feminicida y de búsqueda inmediata de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas. Que los Congresos locales homologuen su tipo penal con el federal y que todos los poderes judiciales juzguen con perspectiva de género. La tarea no es fácil, pero debe hacerse.
Los pendientes son muchos, como la tipificación de las agresiones con ácido en contra de mujeres. Dichas acciones premeditadas buscan causar daños físicos y psicológicos severos, provocar cicatrices graves, lo que condena a las víctimas a una vida marcada y afectada física, económica y socialmente. Además, en algunos casos, deben enfrentar actos de discriminación, afectación económica derivada de sus tratamientos médicos, así como secuelas psicológicas y emocionales.
En México no existe una cifra exacta de mujeres que han sido quemadas con ácido o con otras sustancias, y es que, en diversos casos, las víctimas no denuncian las causas de sus lesiones por vergüenza o miedo. Sin embargo, existen datos que señalan que entre enero y junio de 2022, 47 mujeres fueron quemadas intencionalmente y 4 de cada 10 decidieron no denunciar.
En México, las mujeres que son víctimas de violencia se enfrentan a un Estado que las ignora, a un servicio médico que las discrimina y a un sistema de justicia que minimiza sus lesiones y que no investiga, ni castiga a los agresores. Es urgente cambiar esta situación y saldar la deuda histórica que se tiene hacia las mujeres.
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