El 2023 sin duda, es un año esperanzador para las mujeres en el poder público. La llegada de la ministra Norma Lucía Piña Hernández a la Presidencia de nuestro máximo tribunal de justicia, es una gran noticia para la lucha feminista, que trae aparejada una alta responsabilidad con retos que poco a poco habrán de cumplirse.
Nunca antes en la historia de nuestro país, una mujer había presidido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que su nombramiento ha roto paradigmas y sinergias viciadas de los detentadores del poder. En sesenta años, sólo 14 mujeres han integrado el Pleno de la Corte. En mayo de 1961 se nombró a María Cristina Salmorán de Tamayo como la primera ministra y desde ese momento, a pasos muy paulatinos se ha incrementado la presencia de las mujeres juzgadoras.
En los últimos veinte años, el Poder Judicial se ha esforzado para consolidar la inclusión de más mujeres en ese Poder de la Unión y ello, ha cambiado el rostro de la impartición de justicia, poniendo en el centro de la agenda a la persona y fortaleciendo una visión de género, para que cada ser humano sea juzgado con imparcialidad.
Datos del INEGI dentro del Censo de Impartición de Justicia Federal, muestran que de 2016 a 2021, el número de nombramientos de las mujeres juzgadoras ha sido variable y ascendente, aunque mucho menor que la presencia de los hombres.
El reto que hoy tiene de frente la ministra Piña es enorme: mantener el equilibrio entre poderes y defender a la Constitución de cualquier abuso del Ejecutivo federal. Su obligación, cómo la de los demás ministros, siempre deberá ser defender nuestra Carta Magna, no coincidir con una agenda de gobierno y mucho menos para ganarse las simpatías de un régimen.
La administración del presidente López Obrador ha significado que un día sí y al otro también, se tenga que proteger a las instituciones. Morena ha intentado manipular la ley para beneficiarse ilegalmente con ello, por eso la oposición ha combatido, mediante diversos instrumentos de control constitucional, las embestidas que se dan desde Palacio Nacional.
Se ha recurrido ante la Corte para detener la militarización del país; para revertir el uso de energías sucias y caras; contra los actos propagandísticos en torno a la revocación de mandato; y próximamente lo haremos para defender nuestra democracia y a nuestro árbitro electoral.
Las votaciones de la ministra Piña en estos temas han demostrado su imparcialidad e independencia, privilegiando la legalidad y respetando la ley suprema. Su labor dentro del máximo órgano de impartición de justicia es un símbolo de autonomía que, en estos tiempos, se hace sumamente necesario y fundamental en un Estado de derecho.
Hoy, es tiempo de mujeres y sin duda, el trabajo que hará la nueva Presidenta de la Corte será un parteaguas para que más mujeres puedan acceder a puestos públicos y desarrollar una carrera judicial. La tarea es defender a la Constitución y hacer prevalecer la ley por encima de cualquier interés o presión del gobierno en turno.
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