En medio de la crisis sanitaria por la que atraviesa México y el mundo, el Presidente de la República aprovechó la ocasión para emitir el Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública. Documento que además de deficiente es inconstitucional, obscuro y contraviene los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Se ha argumentado que el Acuerdo es lo aprobado por el Congreso de la Unión y eso no es verdad, Lo que se aprobó no es lo que ese documento establece. Se aprobó que fuera subordinada, complementaria y extraordinaria y el acuerdo del Ejecutivo, aunque los menciona, no justifica ningún supuesto. Al contrario claramente contraviene la Constitución, ya que por ejemplo, establece coordinación en lugar de subordinación.

Cabe recordar que en noviembre de 2018, la Corte Interamericana en la sentencia del caso Alvarado Espinoza y otros contra México, fijó como criterios obligatorios que, el orden público interno y la seguridad ciudadana deberán estar reservados a los cuerpos policiales civiles y cuando excepcionalmente las fuerzas armadas intervengan en tareas de seguridad, será de manera extraordinaria, justificada, temporal y restringida; de forma subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles; regulada mediante mecanismos legales; y fiscalizada por órganos civiles competentes e independientes.

Por ello, a la par de este acuerdo, se debieron emitir los instrumentos necesarios para darle seguridad jurídica a los mexicanos y establecer las facultades que tendrán las fuerzas armadas en la participación conjunta que llevarán a cabo con la Guardia Nacional, y exista certeza sobre sus actuaciones.

En medio del desorden institucional en el que la cuarta transformación ha metido a nuestro país, al ejército mexicano se le ha delegado la administración de pipas, la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, la distribución de medicamentos y de libros de texto gratuito, la seguridad nacional, la atención de desastres naturales, y de la pandemia Covid-19 e incluso, ha sido utilizado para traer las cenizas del cantante José José a nuestro país. Hoy también tendrán que responder por la incapacidad de López Obrador para abatir la inseguridad.

Basta ver el mes de abril. El domingo 19 fue el día más violento del año al reportarse 105 víctimas de homicidio doloso; anteriormente los días 4 y 9 del mismo mes se había informado de 104 y 102 víctimas, respectivamente. Sí, lamentablemente en tres días hubo más de 300 homicidios, así la fallida estrategia de seguridad pública en nuestro país.

Lamentablemente, no existe una estrategia clara para el combate a la delincuencia y se quiere utilizar al ejército mexicano para encubrir las malas decisiones de un Presidente que cuando estaba en campaña decía —textualmente— “hay que cuidar esa institución que es el ejército, que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles.” Al parecer, después de diez años ha cambiado de opinión y ante una estrategia fallida, le urge utilizar a las fuerzas armadas para suplir sus incapacidades para gobernar, no obstante, ello vaya en contra de las disposiciones de los organismos internacionales de derechos humanos.

Senadora de la República

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