La estructura del Estado, sus instituciones y la forma en la que los sujetos deben detentar el poder, se ha hecho a través de la visión de los hombres, relegando históricamente a las mujeres a un plano secundario.
Durante siglos, las mujeres han luchado por tener las mismas oportunidades que los hombres para desenvolverse en la vida pública. Se han dado pasos trascendentales en la consolidación de sus derechos político-electorales. Primero para que se reconociera el derecho al voto femenino, después su inclusión en los congresos, en las gubernaturas de los estados y a partir de la reforma constitucional del año pasado, para ocupar de forma paritaria, cargos de decisión en los órganos trascendentales del gobierno.
El 6 de junio de 2019, quedó reconocido el principio de paridad de género en la Constitución General, para que tanto las mujeres como los hombres, tengan acceso al cincuenta por ciento de los puestos de decisión, ya sea en el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial de los tres órdenes de gobierno.
En ese sentido, en el proceso electoral del próximo año, en el que se renovará la Cámara de Diputados, congresos locales, gubernaturas y presidencias municipales, es fundamental que las autoridades electorales y los partidos políticos, garanticen que las mujeres tengan acceso a ocupar la mitad de las candidaturas que se van a disputar en las urnas.
Por ello, celebro que el Instituto Nacional Electoral haya emitido el pasado viernes, los criterios de paridad de género para la renovación el próximo año de quince gubernaturas y que obliga a los partidos políticos a postular mujeres en al menos siete entidades.
La brecha de género en la elección de los gobiernos estatales es abrumadora. De 1953 a 2020, de las 351 personas electas para gobernar una entidad federativa, el 98% han sido hombres, es decir 344, mientras que tan sólo el 2% han sido mujeres. Solo siete mujeres han sido electas como gobernadoras: la primera de ellas Griselda Álvarez en 1979 de Colima, seguida de Beatriz Paredes en 1987 de Tlaxcala, Amalia García en el 2004 de Zacatecas, Ivonne Ortega en 2007 de Yucatán, Claudia Pavlovich en 2015 de Sonora y recientemente en 2018, Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México y la fallecida Martha Erika Alonso de Puebla.
El Acuerdo aprobado por el INE es incluyente y hace justicia a las millones de mujeres que, a través de la historia, han demandado procesos electorales más democráticos y equitativos.
El propio Senado de la República, a través de su Mesa Directiva, ha interpuesto un recurso contra el INE por la emisión de estos criterios. Con este tipo de medios de impugnación, ha quedado claro que los detentadores del poder, se rehúsan a transferir la estafeta a las mujeres, bajo el argumento de que se violenta la norma o de que no hay mujeres lo suficientemente preparadas para detentar un cargo de decisión como una gubernatura.
Sin embargo, hay mujeres muy calificadas en todos los partidos políticos y en la sociedad civil, que hoy tendrán la oportunidad de materializar el principio de paridad de género y ocupar gubernaturas. Esperemos que el Tribunal Electoral tenga altura de miras y no revoque este acuerdo del INE que rompe con los paradigmas de sumisión de las mujeres en el poder.
Senadora de la República
