Los ataques que esta semana se han lanzado desde Palacio Nacional en contra del Poder judicial, específicamente en contra de la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un reflejo de la obsesión del presidente López Obrador por controlar a las instituciones.
Cada que un organismo actúa de forma imparcial, autónoma e independiente, entonces el titular del Ejecutivo federal se vuelca contra ellos. Desafortunadamente, desde el micrófono presidencial se ha intentado silenciar a quienes piensan distinto. Incluso, se han iniciado persecuciones mediáticas que generan violencia y tienen consecuencias en la esfera privada.
Es altamente preocupante que, dentro de las redes sociales se haya hecho un llamado a cometer un delito contra la ministra Piña, ya que México es un país donde en los últimos cuatro años se han cometido más de 143 mil asesinatos y más de 41 mil personas se encuentran desaparecidas.
Durante los 51 meses del gobierno de Morena, se ha escuchado incesantemente un discurso de división. Cuando una institución o un servidor público le hacen frente al titular del Ejecutivo federal, entonces se recurre al hostigamiento y al linchamiento.
Sin duda, la prudencia con la que se ha manejado la ministra Norma Piña, ante las agresiones, es admirable. Respetando su investidura, no ha hecho declaración alguna sobre los ataques que un día sí, y al otro también, le dirigen desde Palacio Nacional. Es una mujer que entiende que el servicio público no es para amenazar, ni para protagonizar. Es una jurista que entiende que el Poder judicial es para hacer justicia, no para cumplir los caprichos de un presidente.
Las acusaciones de López Obrador claramente tienen un fondo: amedrentar a los ministros para que no declaren la inconstitucionalidad de la tóxica reforma electoral y resuelvan a favor de su Plan B. Una vez más, busca minar al árbitro electoral y poner en riesgo los procesos electorales, para que la contienda no sea imparcial, ni limpia, ni certera.
El Plan B será la reforma más impugnada en la historia del país. Datos del Poder Judicial señalan que, sólo contra la primera parte de esa reforma, se han presentado 47 acciones de inconstitucionalidad y 31 controversias constitucionales, es decir, contra las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ayer, y derivado de la promulgación y publicación de la segunda parte, se han presentado al menos, un amparo y un juicio ciudadano ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El bloque de contención en el Senado de la República está listo para también impugnarla.
Las instituciones del Estado mexicano no pueden subordinarse a los designios de una sola persona. Se crearon para atender las necesidades de los mexicanos y ese, siempre debe ser el eje que guíe su actuar. Es necesario que el presidente deje de agredir a la ministra presidenta.
Senadora de la República
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