Seguramente, la reforma constitucional en materia del Poder Judicial será publicada el día 15 de septiembre por el titular del Ejecutivo federal. Para el régimen actual, aunque hayan violado el proceso legislativo, es un trofeo que quieren presumir, sin embargo, para los mexicanos es la continuación de la destrucción de la democracia.
Hoy, tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República realizarán el cómputo de la mayoría de los Congresos locales que aprobaron estas modificaciones y realizarán la declaración de constitucionalidad que marca el artículo 135 de nuestra Carta Magna. Una formalidad con la que piensan que se olvidará el desaseo que hay tras esta reforma.
El régimen actual, como en las dictaduras, ha manipulado la Constitución general para implementar una forma de gobierno cómoda, donde no haya contrapesos y los mexicanos se encuentren desprotegidos ante las arbitrariedades del Estado. Estos abusos ya dieron sus primeros visos, cuando no escucharon a las minorías, ni aceptaron críticas a su reforma.
En 1994 se apostó por un Poder Judicial fuerte, autónomo, con excelencia profesional y vocación. Se transformó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un tribunal constitucional y se crearon las acciones de inconstitucionalidad como un instrumento de control constitucional. Hoy, 30 años después, se ha destruido el equilibrio de poderes y le han robado su independencia al máximo tribunal de la nación.
La reforma judicial es una venganza porque ha sido la única instancia que le ha puesto un alto a los abusos del poder. Fueron los jueces, magistrados y ministros quienes con valentía y determinación ampararon a los ciudadanos ante la reforma eléctrica, quienes detuvieron la militarización del país e incluso, quienes pusieron un alto a la destrucción del INE.
Lo que viene después de esta reforma es altamente preocupante. Habrá un gasto excesivo en su implementación, nos invadirán con spots y la semana entrante, estaremos nuevamente en un proceso electoral.
Basta decir que en 2025, en la Ciudad de México, un ciudadano tendrá 49 boletas para elegir juzgadores federales y locales, por lo que tardará -aproximadamente- dos horas o dos horas y media en leer los más de 3 mil nombres de los candidatos a ocupar los 212 cargos federales y los 235 espacios locales. Una muestra más de lo inviable que es la ejecución de esta reforma.
A la larga, se comprobará que se tiraron miles de millones de pesos en un capricho que no acabó con los vicios que aquejan a la administración de justicia. Esta reforma permitirá que la delincuencia organizada pueda influir en la elección y toma de decisiones de los juzgadores. No habrá justicia y habrán destruido el único espacio con el que contaban los mexicanos para defenderse del poder público.
El pilón
Sin duda, la reforma judicial es un nuevo eslabón en la cadena de destrucción de las instituciones. En próximos días, el Congreso mexicano estará discutiendo sobre dos reformas altamente preocupantes: la eliminación de los organismos autónomos y la militarización del país. Dos reformas en las que Acción Nacional estará dando el debate para no causar un daño irreparable a la nación.
Diputada federal
