Este mes se conmemora el bicentenario de la promulgación de nuestra primera Constitución. En ella, se estipuló por primera vez la forma de gobierno de la nación y se reconoció la división del poder supremo en legislativo, ejecutivo y judicial.
Hay que decirlo claro, la reforma judicial promovida por Morena es contraria a los principios plasmados hace dos siglos en nuestro país. Las actuales modificaciones constitucionales son el instrumento que utiliza el régimen para silenciar a los contrapesos. El único espacio con el que aún cuentan los mexicanos para recibir protección ante los abusos del poder público, está siendo destruido y sustituido por una tómbola. Hoy, el azar es la nueva medida de la justicia.
La última palabra sobre la constitucionalidad y convencionalidad de la reforma judicial la tendrá la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que como es público, tendrá que resolver las diversas acciones, controversias constitucionales y amparos.
Es inadmisible lo que sucedió en el Senado de la República en días pasados, ya que en el órgano al que se va a parlar, a dialogar, a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos desde la ley, se dieron imágenes lastimosas en las que, mediante una tómbola, destituyeron a 711 jueces y magistrados —muchos de ellos, cuyo único pecado fue emitir alguna resolución en contra del gobierno. Los senadores desacataron suspensiones del Poder Judicial y guillotinaron la profesionalización jurisdiccional. Este acto es el más lamentable y deshonroso del Poder Legislativo.
Hoy, los constituyentes de 1824, aquellos que plasmaron la independencia, que promovieron la prosperidad y dotaron al Estado mexicano de un equilibrio entre sus partes, se sentirían agradecidos de jueces como Juan Pablo Gómez Fierro, quien, en estricto apego a la ley, frenó reformas arbitrarias del expresidente López Obrador. Fue un perseguido del régimen y a quien el Poder Judicial extrañará en sus filas.
El Constituyente de hace 200 años también se sentiría orgulloso de profesionales como Roberto Gil Zuarth, quien ha anunciado su intención de contender para ministro de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su valentía, debe reconocerse, ya que estará contra todo el poder del Estado. Los nuevos ministros deben ser personas que, como él, tengan experiencia, inteligencia, honorabilidad y visión de justicia.
Nuestro primer constituyente estaría avergonzado de lo que Morena ha hecho: concentrar todo el poder para destruir —a capricho— a la nación. En esa primera Carta Magna se estableció, en su artículo 171, que por más mayoría legislativa que exista en el país, hay temas que no pueden reformarse, como lo son: la libertad, la independencia, la forma de gobierno y la división de poderes.
Con Morena, la asignación de espacios se obtiene con una tómbola, así justifican el dedazo. Este es el retroceso más grande que ha tenido la historia democrática de nuestro país.
El azar no puede ser un instrumento jurídico, ya que se renuncia a la legalidad. Una víctima no se merece que, a través de la “suerte”, se resuelva si su agresor debe o no estar en la cárcel o pagar por sus crímenes. Los mexicanos no merecen que la justicia se decida con una tómbola.
El pilón:
Morena va de error en error.
Quieren desaparecer al Inai para que los mexicanos no tengan acceso a la información y no haya quien proteja sus datos personales. Quieren ser juez y parte y que haya más opacidad en la información que genera el gobierno.
Por otro lado, en la CNDH nuevamente quieren reelegir a Rosario Piedra, quien ha dejado en desprotección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y siempre ha estado del lado del gobierno y no de quienes sufren los embates de éste.
Qué lamentable que estén destruyendo a los organismos constitucionales autónomos para darle más poder al gobierno.