La impunidad que ha generado la irresponsabilidad de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, debe parar. Por ello, el día de ayer acudí ante la Cámara de Diputados a presentar una demanda de juicio político en su contra para que sea destituida de su encargo por ser responsable del colapso de la Línea 12 del Metro.
Desde que inició su mandato ha sido negligente en el mantenimiento e inspección del Metro. Y después del derrumbe de la Línea Dorada ha obstruido la investigación de esa lamentable tragedia. A más de un año de ocurrido el colapso, donde fallecieron 26 personas y un centenar resultó con lesiones, no existe ninguna persona declarada responsable, ya sea civil, penal o administrativamente.
Esta omisión de las autoridades de la Ciudad de México representa una violación grave a la Constitución y a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Han intentado, por todos los medios posibles, ocultar las irresponsabilidades de los servidores públicos de Morena, en perjuicio del interés público.
Claudia Sheinbaum debe ser sancionada —vía juicio político— con la destitución como jefa de Gobierno e imponérsele inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público. El derrumbe de la Línea 12 fue una tragedia que pudo ser evitada. Y hoy, lastimosamente, estamos ante actos de imposible reparación que su gobierno ha ocasionado.
El gobierno de la 4T ha buscado por todas las vías obstruir las investigaciones y deslindarse de cualquier responsabilidad. Para ellos, los únicos culpables son unos pernos.
Mientras los dos primeros informes eran coincidentes con sus intereses, la jefa de Gobierno, los publicó y aceptó. Pero cuando el tercer informe incluyó la falta de inspección y mantenimiento como causa del desplome, decidió esconder el peritaje y demandar la rescisión del contrato a la empresa DNV. Lo consideró deficiente y tendencioso por el hecho de que la señalaba como una de las autoridades responsables del derrumbe por la falta de atención de su gobierno.
Todo parece indicar que el requisito que debía contener el informe era librarla a ella y a sus colaboradores de las responsabilidades por el siniestro. La jefa de Gobierno es juez y parte, por lo que, mientras no sea destituida del encargo, seguirá obstruyendo las investigaciones y se continuarán violando los derechos humanos de las víctimas.
Es necesario el esclarecimiento de los hechos y se dé castigo ejemplar a los responsables, con la finalidad de lograr justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición para las familias afectadas. La realidad es que la jefa de Gobierno no realizó la inspección y mantenimiento de rutina y es corresponsable directa de la muerte de 26 personas.
Actúa de forma indebida al proteger sus intereses particulares y sus vulgares pretensiones electorales. Por ello, debe iniciarse un juicio político en su contra.
Senadora de la República
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