En México, sí hay contrapesos, el diputado Santiago Creel Miranda, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, haciendo uso de sus facultades constitucionales y legales, establecidas en el artículo 105 de nuestra Carta magna, 11 de la Ley reglamentaria en la materia y 23 de la Ley Orgánica del Congreso General, el día de ayer interpuso una controversia constitucional en contra del decretazo del presidente López Obrador mediante el cual, pretende nuevamente ocultar cómo se gasta el dinero de los mexicanos.
Este decretazo es la muestra fiel de que el primer mandatario le esconde al pueblo de México el costo de sus obras obsoletas y los sobrecostos que han tenido. Les oculta quiénes son los proveedores a los que se les están asignando los contratos y cómo se están gastando los impuestos de los mexicanos. Basta recordar que más del 80 por ciento de los contratos de este gobierno no cumplen con los procesos de licitación pública.
En contraposición a la legalidad, la mayoría de legisladores de Morena, abyectos al Ejecutivo federal, le negaron al Inai la posibilidad de contar con un comisionado y poder nuevamente sesionar. Ya son 63 días los que lleva el instituto de transparencia paralizado y sin poder resolver las demandas ciudadanas de transparencia y rendición de cuentas.
Hoy claramente hay dos visiones de país: la de Morena que solamente busca cumplir con los caprichos presidenciales y la de la oposición que hace valer la Constitución. La Suprema Corte deberá resolver sobre este medio de control constitucional para detener las arbitrariedades del presidente López Obrador. Por encima de la ley, no puede haber nadie.
Tanto el presidente como sus legisladores quieren mantener paralizado al Inai porque quieren encubrir la red de corrupción que han tejido con contratos a modo para los amigos y familiares del presidente. Quieren ocultar que están robándose el dinero de los mexicanos.
En cuatro años y medio de gobierno, el presidente López Obrador se ha dedicado a declararle la guerra a las instituciones, a los organismos autónomos y a todo aquel que le demande resultados. Hace unos meses eran el INE, el IFT y la Cofece. Hoy son el Inai, la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y todo el Poder Judicial.
Por medio de arbitrariedades, López Obrador quiere hacer su voluntad y cuando no le sale, porque el Poder Judicial hace valer la ley, se molesta y echa a andar a sus legisladores, haciéndolos caer en desacatos judiciales y generar desde el gobierno federal, todo un caos institucional. ¡Cuánto daño hace este gobierno populista a los mexicanos y a las instituciones!
El pilón:
Dicen que cuando el río suena, agua lleva.
Supuestamente, la empresa del hijo de Manuel Bartlett había sido inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública, sin embargo, siendo proveedor del gobierno federal ha acumulado más de 424 millones de pesos en distintos contratos. Esta corrupción suena a que es el verdadero motivo para mantener paralizado al Inai.
Si a esto le sumamos los contratos a los amigos y familiares del presidente, este gobierno es el más corrupto en la historia de nuestro país.
Senadora de la República