La vengativa reforma judicial de Morena traerá consecuencias jurídicas, sociales y económicas. No habrá independencia judicial, se eliminarán los contrapesos democráticos, habrá rezago en la atención de casos, los mexicanos no contarán con medios de control en contra del gobierno y también dilapidarán el presupuesto público en una elección pirata. Esta será la reforma más cara en toda la historia de nuestro país.
Ante este lacerante panorama cobra todo sentido el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá, en el que destaca que existe imposibilidad de llevar a cabo una elección libre e informada, ya que no hay condiciones para que la ciudadanía pueda acudir a emitir su voto conociendo los perfiles que ahí se presentarán.
Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, se someterán a elección 624 candidaturas para magistraturas de circuito; 378 para juzgados de distrito; 81 para ministros, 18 magistraturas para el Tribunal Electoral; 45 para el Tribunal de Disciplina Judicial. En total, habrá más de 1,155 candidaturas en la capital, tan sólo del ámbito federal. Sólo para leer los nombres completos que serán sometidos a elección, cada votante tardará, en promedio, una hora y media en hacerlo, eso sólo en leerlo, más el tiempo en discernir y definir por quien votar, ¿cuánto tiempo pasará en la urna?
Aunado a lo anterior, tampoco hay condiciones para informar al electorado sobre los perfiles de cada persona candidata. El INE cuenta con 48 minutos diarios para la difusión de mensajes de promoción, si se divide ese tiempo entre todos los candidatos de la CDMX, cada uno dispondrá de 2.5 segundos diarios. Con ese tiempo, habrá nombres que ni se puedan leer completos.
Esta reforma solo ha generado una crisis constitucional e institucional. El INE proyectó un costo aproximado de 13 mil millones de pesos para realizar esta elección extraordinaria en el 2025, sin embargo, ayer en su conferencia matutina, la titular del Ejecutivo federal dijo que esta cifra se debe reconsiderar. Lo que quiere Morena no es una elección auténtica, sólo quiere imponer a sus allegados. Por donde se vea, el gasto está mal, porque ese dinero se pudo haber ocupado para dar justicia y paz a los mexicanos.
Se pudieron construir más de 2 mil escuelas o 30 hospitales de alta especialidad, incluso, adquirir más de 37 mil patrullas. Si esta jornada electiva se hace mal, terminará siendo, como ha ocurrido, una consulta patito.
La autoridad electoral tendrá que diseñar una nueva organización geográfica dividida en 32 circuitos judiciales. Además, tendrán que capacitar a funcionarios de casilla, publicitar la jornada electiva y emitir boletas electorales para cada entidad federativa que contendrán los miles de nombres para los más de 98 millones de ciudadanos que podrán ejercer su voto.
Este desastre tendrá un punto final el próximo martes, cuando los ministros valientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hagan valer las facultades con las que cuenta nuestro máximo tribunal constitucional y detengan esta locura.
Diputada federal
