México tiene una deuda histórica con las mujeres, con la primera infancia, con los pueblos y comunidades indígenas, con las personas afromexicanas, con las personas con discapacidad, con los periodistas, con las personas defensoras de derechos humanos, con las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos de este país.
Por ello, el Estado mexicano debe contar con una visión y una política a favor de los derechos humanos, ya que esto debe ser inherente a toda acción que se implemente, sin embargo, en esta obligación ha fallado la 4T.
Hoy, 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, es importante hacer un alto para reflexionar sobre la situación que guardan la protección, defensa y garantía de los derechos y libertades fundamentales de los mexicanos.
Al cierre de los primeros tres años de gobierno del presidente López Obrador, se tienen registro de más de 100 mil asesinatos, más de 25 mil personas desaparecidas o no localizadas, más de 50 mil muertos sin identificar, más de 10 mujeres son asesinadas de forma violenta cada día, al menos 47 periodistas y 94 personas defensoras de derechos humanos han perdido la vida y más de 20 mil personas están inscritas como víctimas en este país.
En temas económicos, la situación no ha mejorado: tenemos la inflación más alta de los últimos 20 años, se han sumado más de 4 millones de nuevos pobres y el dinero en el bolsillo de los mexicanos cada día alcanza para menos. En el sector salud, las cosas están peor que nunca: no hay medicinas, desmantelaron el Seguro Popular y el Insabi es insuficiente, y qué decir de la administración de la pandemia contra el Covid-19, que ha cobrado la vida de cerca de 1 millón de personas.
Cada día, las violaciones a los derechos humanos son más persistentes y se dan ante la complacencia del gobierno en turno. Se dan ante una Comisión Nacional de los Derechos Humanos sumisa. Se dan ante el desmantelamiento de programas, mecanismos e instrumentos creados para la protección de los mexicanos.
Frente a esta situación, se hace necesario revisar la integración del gasto público para destinar mayor recurso que apoye a las instancias que por mandato constitucional o legal, se dedican a la protección de los derechos fundamentales, para que con ello, se logren los objetivos que durante tantos años han trabajado organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos autónomos y ciudadanos que no tienen otro fin que el respeto a la dignidad de la persona humana.
Es innegable que, la supuesta táctica de “abrazos y no balazos” o la de “acusar a los criminales con sus mamás y abuelitas”, poco ha funcionado. La violencia se ha desbordado y no existe una estrategia real para preservar la paz de los mexicanos.
Sin duda, ante esta crisis de derechos humanos, urge que se formulen mejores políticas públicas en beneficio de la población, que no la dejen en el desamparo o a la expectativa de recibir o no los servicios que la autoridad debe brindar.
Hoy más que nunca, el gobierno debe rectificar el rumbo, porque cada violación a los derechos humanos debilita el Estado de derecho, a nuestra democracia y al desarrollo del país.
