Lo ocurrido este lunes por la noche, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, es un ejemplo más de negligencia del gobierno encabezado por el presidente López Obrador. Por la falta de actuación de las autoridades federales, 39 migrantes perdieron la vida y 29 más se encuentran hospitalizados, algunos incluso con el riesgo de perder alguna parte de su cuerpo o morir.
El gobierno federal cometió un crimen de Estado. Sí, un crimen donde les negaron a los migrantes la posibilidad de salvar su vida y cumplir su sueño de tener un mejor futuro. Lamentablemente, no sólo les impidieron tener un mejor porvenir, Morena en el Senado de la República, se rehusó a demandar justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición a las víctimas, a sus familias e incluso a sus naciones.
Es inentendible cómo Morena y sus partidos aliados prefirieron proteger al secretario de Gobernación, al secretario de Relaciones Exteriores y hasta al titular del Instituto Nacional de Migración, antes que explicarles a las víctimas por qué se les negó su derecho a transitar con libertad en nuestro país.
Los migrantes que fallecieron fueron encerrados por las autoridades migratorias, esa es la realidad. Sólo ejercían su libre derecho a buscar mejores condiciones de vida para ellos y para sus familias. Muchos han tenido que huir de la inseguridad, de la violencia, de la falta de oportunidades, y cuando llegan a México, son tratados de manera indigna y les violan sus derechos humanos de manera sistemática.
La indignación de los legisladores del régimen sólo duró siete horas que fue el tiempo que tardaron en robarle nuevamente al Senado mexicano su facultad de exigir, de demandar, de alzar la voz. Nuevamente le robaron su autonomía e independencia al parlamento, con tal de encubrir la negligencia de los servidores públicos.
No aceptaron que se pidiera la renuncia de los servidores públicos de alto nivel responsables, mucho menos aceptaron hacerle un llamado al Presidente para que deje de revictimizar a las víctimas, y ni qué decir de citar a comparecer a dos “corcholatas” de Morena.
Que no se olvide que las 68 personas retenidas injustificadamente en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez eran de seis nacionalidades diferentes. Que no se olvide que este gobierno intransigente ha dejado a familias de Colombia, de Ecuador, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras y de Venezuela, incompletas.
Este es un sexenio perdido y violador de derechos humanos. Ni el presidente López Obrador, ni sus secretarios de Estado, ni los demás servidores públicos de esta administración han cumplido con su obligación de dar seguridad, salud, asistencia, asilo y refugio a los migrantes. Se les han negado sus derechos, su libertad y hasta la vida les han quitado. Este es un gobierno mortal.
