Al final, no hubo mucho suspenso alrededor de la nueva imputación contra Donald Trump. Ya se anticipaba que sobre quien fue el presidente número 45 de Estados Unidos, pesarían al menos cuatro acusaciones criminales: la de Nueva York, la de Florida, la de Washington DC y la de Georgia. Y desde hace días en Atlanta se levanta una valla de seguridad afuera de la Corte del Condado Fulton, señal de que vendrían los nuevos cargos.
Por eso, cuando se hizo público el documento de 98 páginas con la imputación, la gran sorpresa no fue que Trump estaba acusado, sino que lo estaba junto a otras 18 personas. Todos, señalados de formar parte de una organización criminal para robarse la elección presidencial pasada.
Muchas veces al expresidente Trump se le ha comparado con un mafioso, pero nunca antes en una corte.
La Fiscal de Distrito, Fani Willis, recurrió a una ley conocida como RICO (por sus siglas en inglés) utilizada principalmente para combatir el hampa. El Congreso de Estados Unidos pasó esta legislación por primera vez en 1970, cuando el gobierno perseguía a la mafia italo-americana. Así, por ejemplo, los jefes de las cinco familias criminales más poderosas de Nueva York cayeron gracias a la ley RICO entre las décadas de 1980 y 2000.
En el caso de Georgia, Donald Trump queda posicionado como la piedra angular de una empresa que conspiró para “ilegalmente cambiar el resultado” de la elección presidencial de 2020. El caso apunta que el grupo operó en Georgia, Arizona, Michigan y en otros lugares durante suficiente tiempo para cumplir sus objetivos a través de engaños, perjurio, falsificación y robo. (Trump ha negado que hizo algo indebido.)
No hay nada que sugiera que la suerte política de Trump cambiará por estos cargos. En la contienda por la nominación republicana, la mayoría de sus rivales lo defienden. Y con cada nueva imputación, la popularidad del expresidente crece en las encuestas entre los votantes de su partido. Pero no puede perderse de vista que tendrá dificultades para participar en los debates y en actos de campaña el próximo año, mientras tiene que comparecer ante cuatro jueces por los cuatro casos distintos que enfrenta.
Más notable aún es el desgaste que por esto padecen la democracia y el sistema judicial de Estados Unidos. El periodista Peter Baker escribió en The New York Times: “Hubo un tiempo en que la nación daba marcha atrás cuando un candidato presidencial era descubierto manejando bajo la influencia del alcohol o plagiando enunciados de un discurso sin dar crédito al autor. Ahora, uno de los dos grandes partidos del país no descarta a un aspirante puntero, que está acusado de trastocar la democracia, poner en peligro la seguridad nacional, obstruir la justicia y falsificar documentos…”
“La idea de que estos antecedentes no merezcan una descalificación automática, dejaría estupefactos a los 44 presidentes que llegaron antes que él, incluidos los republicanos”.
@JulioVaqueiro
