La transparencia y la rendición de cuentas son elementos de los Estados constitucionales democráticos.
En la última década, en una lógica transversal alineada con estos principios y valores, presenciamos profundas reformas en tres materias: combate a la corrupción, electoral y transparencia. En los tres casos, se crearon sistemas nacionales e instituciones con estructura plural, para la coordinación de todos los niveles de gobierno, con el objeto de implementar los andamiajes normativos respectivos.
La transparencia, al ser un elemento básico de la democracia e instrumento para el ejercicio y potenciación de otros derechos individuales y colectivos, a partir del derecho humano de acceso a la información, es al mismo tiempo un derecho llave que permite el ejercicio de otros derechos relacionados con las libertades civiles fundamentales y, por ende no es negociable. Además, hace posible la rendición de cuentas entendida como proceso, práctica, obligación y actitud que da pie a la gobernanza con base en un diálogo abierto, plural e incluyente; en otras palabras, sirve al empoderamiento de las personas y a la vigencia, así como al progresivo desarrollo de los derechos humanos.
En esa línea, el Consejo Nacional de Transparencia (CNT), como máxima autoridad y coordinador del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT), integrado por el INAI, los Organismos Garantes de las Entidades Federativas, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el INEGI, es una instancia de la mayor relevancia. A través de este órgano, previsto en la Ley General de Transparencia, el Estado mexicano organiza, a nivel nacional, los esfuerzos de coordinación, cooperación, colaboración, promoción y difusión en materia de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales.
Lo anterior, en forma alguna incide en cuestiones de federalismo como sistema de coordinación de diversos órdenes y niveles de gobierno coexistentes.
Independientemente de que no existe, más que para fines académicos, una versión típica y única de federalismo, y no responde a tipologías sino a realidades políticas, históricas y a necesidades y contextos temporales específicos, es decir, hay tantos federalismos diversos como Estados federales existentes; lo cierto es que, en materia de transparencia, nuestro país optó por una coordinación nacional. Por tanto, la solución adoptada tampoco se enmarca en discusiones de centralización o descentralización de funciones, sino de cómo hacer realidad entre todas y todos el derecho de acceso a la información, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
La transparencia no puede someterse a modos de realizarla que no sean congruentes con ciertas bases nacionales normadas y acordadas en instancias plurales como el Consejo Nacional de Transparencia. A partir de ese piso parejo, las instituciones competentes deben interpretar, aplicar y operar la normativa creada en todo el país. Pero, sobre todo, ampliar y desarrollar progresivamente el alcance y la efectiva observancia de los derechos humanos en beneficio de todas las personas en condiciones de igualdad.
Aun en un momento en el que pareciera que en nuestro específico modo de operar, el federalismo se ubica en entredicho en el foro político, hay materias fundamentales sin las que el fondo del sistema social se pierde, y en cuya ausencia no son posibles el desarrollo ni el impulso democrático necesarios para avanzar juntos hacia la sociedad a la que aspiramos, para los que han de venir.
Por eso, simplemente la transparencia y la rendición de cuentas van primero. Es una cuestión de derechos.
