El Día Internacional por la Protección de Datos Personales es la celebración con la que se recuerda la suscripción en 1981, por parte del Consejo de Europa , de la Convención para la Protección de los Individuos respecto del procesamiento automatizado de Datos Personales, Tratado que ha sido ratificado por nuestro país y algunos otros Estados no europeos.
La pandemia que aún atravesamos nos llevó a todas y todos, incluyendo a los menores, a trasladar muchas de nuestras actividades a la virtualidad. Asimismo, las instituciones públicas se vieron obligadas, en lo posible, a trabajar de modos muy diversos para que, a través del uso de herramientas tecnológicas, se mantuviera la prestación de los servicios que brindan a las personas.
Grandes y valiosos son los beneficios que obtenemos de los avances tecnológicos, eso es irrefutable. Sin embargo, la intensificación en el uso de los medios digitales en estos meses nos ha mostrado que la virtualidad trasciende a lo material, pero no solo en lo lícito y positivo.
Desde el espacio digital hemos visto surgir violencias que no conocíamos, en especial en contra de las mujeres y los menores, sitios donde no solo consumimos, sino que producimos contenidos de todo tipo, sobre los que perdemos el control tan pronto los exponemos en las redes; en los que nuestra voluntad, intimidad, privacidad y dignidad se ven trastocadas por perfilamientos de usuarios que realizan algoritmos e inteligencias artificiales diseñados con visión evolutiva, es decir, para aprender, mejorarse y prevalecer.
Los objetivos que subyacen a tales diseños van desde los más loables hasta los más sombríos, pasando por los económicos, políticos y culturales. Es obligación de los Estados velar por la seguridad de las personas en los medios digitales. Si bien es cierto que en general la tecnología vuela mientras la regulación camina, el tema de la protección de datos personales amerita inmediata atención y la confluencia plural de esfuerzos.
En esa inteligencia, es preciso capitalizar las experiencias que hasta el momento nos ha dejado la pandemia del COVID-19 y, a partir de un diálogo abierto, relanzar una estrategia nacional integral de ciberseguridad capaz de responder de modo eficaz a las demandas y necesidades de las personas y así garantizar, en todo tiempo, el respeto de sus derechos humanos.
El que la internet democratice la información, no necesariamente significa que la sigamos tratando como si de ello se siguiera un mejoramiento automático de las condiciones sustanciales de la democracia. Los datos personales de la gente deben ser tratados como lo que son; en consecuencia, el control sobre los mismos debe ser devuelto a las personas.
Como ciudadanía tenemos la obligación de ser más cuidadosos al leer el modo en el que se usarán o se puedan usar nuestros datos; a nuestras hijas e hijos debemos sensibilizarlos sobre los riesgos que implica publicar información que pueda, eventualmente, ponerles en riesgo de algún peligro.
A las empresas de tecnología debemos comprometer para que corran pruebas no solo de rendimiento y eficiencia, sino también, de seguridad en materia de datos.
Es incuestionable la necesidad de hacer dialogar a las Big Tech, a los Estados y las sociedades sobre los retos que impone la tecnología en el siglo XXI. Es fundamental generar ecosistemas digitales seguros, para evitar lo que Andrejevic (2020) denomina un amplio asalto a las formas de socialidad y comunidad imaginada. Antes que usuarios y usuarias, Usted y yo somos personas.
