El derecho de acceso a la información es producto de una larga tradición liberal plasmada en las legislaciones que la antecedieron, de las acciones de la ciudadanía organizada y de la academia para construir una plataforma normativa y tecnológica que brinde información veraz, verificable y accesible.
Específicamente, Carpizo identifica los antecedentes legales e históricos del derecho a la información en los artículos enfocados en la libertad de expresión y en la publicación de ideas sin inquisición alguna plasmados en la Constitución de 1811, en la Constitución de Cádiz (1812), en la Constitución de Apatzingán (1814), en la Acta Constitutiva de la Federación Mexicana (1824), en la Constitución Federal (1836) y en la Constitución de 1857.
En un salto histórico, entre 2000 y 2001, el Grupo Oaxaca (integrado por la Universidad Iberoamericana, EL UNIVERSAL, por mencionar algunas asociaciones) impulsó el primer proyecto de ley de transparencia que de manera unánime se aceptó. Posteriormente, en 2007 y en 2013, se amplió el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole y por cualquier medio de expresión.
Ahora bien, dos iniciativas de gobernadores favorecieron el derecho de acceso a la información, y estas son la Declaración de Guadalajara (2005) y la Iniciativa Chihuahua (2006), por medio de las cuales, se impulsaron acciones para que los organismos públicos transparentaran la información.
El derecho de acceso a la información brinda los insumos necesarios para fortalecer la gobernanza, la participación activa de la academia y las investigaciones periodísticas, por mencionar algunos ejemplos de beneficios. Sin embargo, actualmente hay un discurso en contra del instituto que tutela el derecho de acceso a la información, a la protección de datos personales y que garantiza la transparencia de todas las instituciones públicas, de los tres niveles del gobierno, de las universidades y de los sindicatos, es decir, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
La amenaza actual: la desaparición del órgano garante de la transparencia
El presidente AMLO encabeza una campaña contra el Inai, a quien califica como que no sirve, que es pura simulación y que está relacionado con grupos conservadores. Más preocupante, ha llamado —varias veces— a desaparecer al Instituto para ser absorbido en funciones por la Auditoría Superior de la Federación o por la Fiscalía.
El presidente no recuerda que los organismos autónomos en México son consecuencia de la desconfianza que tenemos como ciudadanía respecto al ejercicio de poder de las autoridades independientemente del gobierno en turno, así como de la incómoda convivencia con actos cuestionables por parte de las autoridades expuestas por la prensa de investigación y de la obligación de quien recibe recursos públicos y/o ejercer actos de autoridad a rendir explicaciones sobre su actuar.
La estrategia de comunicación del presidente AMLO radica principalmente en tres componentes: identificar un objetivo como enemigo público de la transformación; enlistar una serie de adjetivo negativos (ciertos y falsos por igual); y en su plataforma de comunicación social conocida como “la mañanera” vierte información sin supervisión alguna y sin derecho de réplica.
Las instituciones autónomas que tutelan los derechos de la ciudadanía (como el Inai, el INE) anteponen un peligro para la opacidad gubernamental en la toma de decisiones y en la gestión de políticas públicas. Por lo cual, el derecho de acceso a la información es clave para conseguir el desarrollo sostenible, transparente y democrático de México.