El gobierno que termina el 30 de octubre de 2024 se puede definir con el adjetivo de “mediocre” en el sentido etimológico de la palabra. En lo positivo, terminará sin crisis macroeconómica; en lo negativo será otro sexenio perdido en términos de crecimiento. Por un lado, disminuyó el número de pobres moderados, pero por otro creció la pobreza laboral y los pobres extremos. Si bien la deuda pública se mantuvo en niveles manejables, se elevó el costo de esta y no quedarán ahorros para cubrir los desbalances fiscales. Se habrá registrado un elevado gasto en obra pública, pero en proyectos que difícilmente serán productivos.
No podemos dejar de lado que la crisis económica mundial derivada de la pandemia de Covid-19, que tomó desprevenidos a todos, ha sido un parteaguas en el sexenio. Las cifras oficiales (Inegi) confirman que el decremento del PIB en 8.7% (con el nuevo año base 2018) es la mayor caída en 90 años de historia económica; y con ello surge la pregunta: ¿pudo el gobierno haber amortiguado y reducido el golpe? Con certeza, podemos afirmar que sí. Sin embargo, en lugar de apuntalar empresas y empleos con apoyos financieros y fiscales, se prefirió continuar con el proyecto de las obras insignia del gobierno, las cuales han resultado más caras de lo proyectado, agotando los ahorros, los fondos y los fideicomisos con que se contaba a principios del sexenio. Ello no dejó margen de acción alguna.
En el análisis de estos seis años como un todo, es claro que, en términos de la estabilidad macroeconómica, la economía se manejó con la prudencia necesaria hasta lo que será el último año en el que con miras electorales se elevará el déficit presupuestario, la deuda pública y el costo de ésta; mismo tema que será de preocupación para la siguiente administración.
Durante el sexenio 2018-2024 se estima que el PIB habrá crecido a una tasa promedio anual (TCMA) de 0.8%, inferior al promedio de los cuatro sexenios anteriores, al crecimiento potencial de la economía (el cual se ubica entre 3.5% y 4.5%) y a la promesa de campaña que se estableció en 4.0% anual.
El tema de la inflación es otra historia. La pandemia y factores externos entre ellos, la ruptura de las cadenas globales de suministro y la elevación de costos logísticos llevaron a una suerte de “pandemia inflacionaria” de la que el país no se pudo escapar. Así, el crecimiento de los precios se aceleró llegando a registrar inflaciones promedio de 7.4% y 7.8% en 2021 y 2022, y una inflación subyacente incluso más elevada impulsada por el precio de los alimentos. En respuesta, se impuso como medida la elevación de la tasa de política monetaria, siguiendo la misma medida de la Fed de Estados Unidos. Sin duda, el resultado ha sido positivo, ya que se ha logrado moderar el crecimiento de los precios, pero a un costo que puede ser elevado en términos de un ritmo decreciente en el crecimiento, un tipo de cambio sobrevaluado y distorsiones en los mercados financieros.
Previo a la pandemia ya se registraba un magro comportamiento de la economía derivado de la incertidumbre que generó un gobierno que se asumía como de izquierda, y que inhibió la inversión nacional. De igual forma, se ha manifestado en una mayor incursión del gobierno en la actividad económica y que se ha materializado en lo que llamamos una “economía militarizada”. Ésta difícilmente será revertida en el corto plazo.
Inicia la cuenta regresiva. Las expectativas para el último año de gobierno no son alentadoras en el sentido de que no se advierte una intención hacia corregir las desviaciones, y el entorno exterior no augura una mejoría clara. El soporte del crecimiento que se llegue a presentar será el mayor gasto social que se prepara, el creciente aumento en las remesas y el aprovechamiento en principio exitoso del fenómeno de la relocalización. Habrá que dar un seguimiento al entorno político que será el protagonista, no sólo de las charlas de café, también de los análisis más técnicos.
Presidente de Consultores Internacionales, S.C.