Ya se aprobó el presupuesto para 2024, donde resaltamos tres cosas. Primero, no hay presupuesto para atender la emergencia en Acapulco y el estado de Guerrero. Segundo, el gobierno aumentó considerablemente el presupuesto de las fuerzas armadas, continuando con la militarización de la economía. Tercero, se les ha reducido el presupuesto a los órganos autónomos, como parte de los ataques sistemáticos del gobierno federal, en los últimos años.
Tras la aprobación del paquete económico de 2024 por la Cámara de Diputados y el Senado con un gasto de 9.06 billones de pesos, un incremento de 4.3% respecto a 2023 y un déficit de 1.69 billones de pesos, un crecimiento de 49% sobre 2023, que se ha ido incrementando desde 2012. Se han presentado varias discusiones sobre la distribución de los recursos en el Presupuesto de Egresos Federal (PEF), el cual contiene un incremento de deuda pública sobre el año pasado, pero no incluye presupuesto añadido para Guerrero tras los daños causados por el Huracán Otis, el cual se discutirá posteriormente y será otro cargo más en el presupuesto, sin saber de dónde saldrá. Las estimaciones apuntan a que serán necesarios 300 mil millones de pesos (3% del presupuesto total).
El 80% del gasto ya está asignado a pagos de pensiones, gasto federalizado y costo de deuda, lo que limita el espacio fiscal 57% menor al año anterior, implicando que habrá menores recursos para hacer política pública de coyuntura y proveer bienes y servicios. Por su parte, 12.2% del presupuesto se destinará a gasto de inversión y gasto en infraestructura, lo cual representa una reducción de 11% sobre el año anterior, pero serán gastos prioritarios. De esta manera, asegurarán la construcción de las obras emblemáticas de este sexenio.
Se reducen los presupuestos de instituciones autónomas y poder judicial por un valor total de 13.2 mil millones de pesos, que representa una reducción de 78% sobre lo solicitado por los órganos autónomos. El Poder Judicial y el INE fueron los más afectados, con 6.4 y 5 mil millones de pesos recortados respectivamente de sus presupuestos, que implican reducciones de 7.8% y 13.2%. Los otros recortes recaen en: Poder Legislativo 1.6 mil millones de pesos, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) 86 millones de pesos y al Instituto Nacional de Transparencia (INAI) 71 millones de pesos. Este monto equivale a la ampliación del programa de becas de educación básica y media superior Benito Juárez de la SEP, un aumento de 3.1%, reflejando el uso del presupuesto para hacer política de parte del gobierno. De los órganos autónomos, solamente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) recibió un incremento respecto a 2023, que fue de 37.6%.
Se reduce el presupuesto asignado al sector energético, 7.2% menor a 2023; igualmente, se reduce el presupuesto destinado al medio ambiente (que incluye proyectos de infraestructura hídrica), 11.4% menor a 2023. Simultáneamente, Pemex recibió transferencias de parte de la Secretaría de Energía (Sener) de 25.4 mil millones de pesos.
El IMSS recibe un aumento de 5.9% respecto al año anterior y también se destina un aumento en el IMSS-Bienestar para las dos aplicaciones necesarias de vacuna contra la influenza. Aunque represente mejoras este crecimiento, actualmente el presupuesto de salud del gobierno se sitúa en 44% del mínimo requerido (seis puntos porcentuales del PIB).
Respecto a incrementos presupuestales, se destaca la seguridad nacional, donde se observa un aumento de 122% sobre 2023, reflejando la militarización de la economía. Incluso asignándoles mayores responsabilidades como el programa del Tren Maya y el programa de infraestructura aeroportuaria, ferroviaria y de servicios auxiliares, que están ahora en manos de los militares.
El presupuesto de la nación debe ser un instrumento que promueva el crecimiento y desarrollo de nuestra economía, usarlo con motivos político-electorales, sólo debilita a la economía y a la sociedad.
Presidente de Consultores Internacionales, S.C.
