Estados Unidos y Canadá comenzaron el procedimiento para defender los intereses de sus empresas energéticas en México, ante una política energética bienintencionada, pero que viola los acuerdos del T-MEC y bloquea la inversión privada orientada hacia una transición energética más sustentable, limpia y democrática. Si no se llega a un acuerdo pronto, nuestras exportaciones tendrán sanciones arancelarias.
Las alertas se subestimaron en 2020 y escalaron, hoy vuelve a suceder. Parece que fue ayer cuando en octubre de 2020 más de 40 congresistas pidieron al presidente de Estados Unidos una resolución con México para que permitiese la entrada de inversiones energéticas. En ese entonces, el gobierno mexicano subestimó las alertas y más aún, promovió una reforma eléctrica constitucional en favor de las paraestatales. Hoy que las alertas escalaron al inicio de un procedimiento formal vía T-MEC, están siendo subestimadas nuevamente.
Si las consultas fracasan y los paneles fallan en favor de nuestros socios, en un año aproximadamente, nuestras exportaciones podrían ser objeto de aranceles. El procedimiento iniciado a través de los artículos 31.2 sobre Ámbito de aplicación y 31.4 sobre Consultas, ambos del T-MEC, estipulan 75 días para llegar a un acuerdo. Si no se logra -que sea lo más probable-, Estados Unidos y Canadá podrán solicitar el establecimiento de un panel, que de no tener retrasos, estaría deliberando entre abril y mayo de 2023. Si los fallos les favorecen, México debería cambiar su legislación en 45 días, de lo contrario, ambos podrían imponerle aranceles a nuestras exportaciones.
Los aranceles se impondrían en donde más le duela a México. El sector automotriz (vehículos y autopartes), eléctrico-electrónico (pantallas planas, equipos de medición, electrodomésticos), agroindustriales (cerveza, tomate, aguacate, cebolla, berries) y dispositivos médicos son las principales exportaciones hacia Estados Unidos. Con Canadá, las exportaciones coinciden aunque con mayor participación de hierro, acero y sus manufacturas. Según el Centro de Comercio Internacional de Naciones Unidas, las 10 secciones de productos de mayor exportación con ambos países en 2021 ascendió a 321.5 miles de millones de dólares (mdd), 80.6% y 65.0% de total de exportaciones con ambos socios y totales, respectivamente.
Las sanciones arancelarias podrían oscilar entre los 30 y 40 mil millones de dólares. Aunque es incierto predecir en qué productos y con qué aranceles, pero suponiendo un arancel de 10% a las exportaciones de automotriz y eléctrico-electrónica, la sanción sería superior a los 23.8 mil mdd. A nivel producto, tan solo las exportaciones de cerveza, tomates y aguacates a Estados Unidos fueron de 9.7 mil mdd en 2021, de tener una sanción del 20%, se estima un costo de 2 mil mdd. Sin embargo, el problema no es la sanción, sino las menores ventas por la pérdida de competitividad.
El costo de la terquedad energética es incalculable. Haciendo una reflexión rápida, deberían considerarse los daños directos en comercio exterior, en la pérdida de inversiones nacionales e internacionales y en las mermas a las finanzas públicas por el gasto en refinerías y las pérdidas en paraestatales. En daños indirectos deberían contabilizarse los impactos a las cadenas productivas de los sectores afectados, el encarecimiento de los energéticos y su efecto en las empresas, la pérdida de empleos potenciales y su masa salarial, la menor recaudación de impuestos y otros tantos impactos que se podrían enlistar, pero que no cabrían en estas líneas.
Ediciones pasadas de este comentario trataron los beneficios del T-MEC y cómo aprovecharlos. Hoy se habla desde el otro lado y de la necesidad de reivindicar una política energética, ya sea a la buena o a la mala, que beneficie al país. Si bien la Reforma Energética previa necesitaba ajustes, tenía la oportunidad de ser perfectible y mejorarla; sin embargo hoy enfrentamos el peor de los escenarios: el impase energético, la incertidumbre de tiempos políticos, los impactos económicos y sobre todo, el tiempo perdido y el rezago en competitividad y productividad que se traduce en un menor desarrollo para México y de bienestar para la ciudadanía.
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