La iniciativa constitucional de reforma eléctrica, aun sin ser aprobada, está generando tensión entre México y Estados Unidos. Ante un contexto de recuperación económica y, considerando la estrecha integración comercial entre ambos países, la situación no está como para tensar una agenda bilateral que no vive su mejor momento.
En los últimos días, las reuniones de alto nivel entre la Secretaría de Energía y la Secretaría de Relaciones Exteriores con la Embajada de Estados Unidos en México han dejado claras las preocupaciones de nuestro país vecino respecto al rumbo que está tomando la política energética de la actual administración de México.
La relación económica entre ambos países de América del Norte es de alta relevancia en términos comerciales. México destina 80.5% de sus exportaciones a Estados Unidos y de ahí provienen 62.4% de las importaciones, convirtiéndole en nuestro principal socio comercial. Por otro lado, México es el segundo socio comercial de Estados Unidos, y a septiembre de 2021, nuestros productos representan 13.3% del total de importaciones, superando a Canadá y sólo por debajo de China.
Otro ejemplo de la importancia económica de Estados Unidos en México son los flujos financieros. Entre 2000 y 2020, según la Secretaría de Economía, la mayor captación de inversión extranjera directa ha provenido de Estados Unidos, representando 47% del total, y a septiembre de 2021 la deuda externa de México con el país vecino representó 49% del total.
La relación comercial-financiera y la integración de las empresas en las cadenas de valor regional han propiciado que el ciclo económico de ambos países esté sincronizado de forma importante, razón por la cual es imperante mantener una sana relación.
No obstante, la iniciativa de reforma eléctrica contraviene los acuerdos expresados en el T-MEC y representa una asincronía en la agenda ambiental de Estados Unidos por sus alcances en la industria energética, que afectan directamente a inversionistas extranjeros y a los compromisos que diversas economías están tomando en torno al cambio climático a escala mundial.
Precisamente, una de las medidas ambientales de Estados Unidos es la disposición de un programa por 1.75 billones de dólares que incluye recursos para mitigar los efectos del cambio climático. Entre sus propuestas, destacan los créditos fiscales para adquirir vehículos eléctricos fabricados en Estados Unidos para que consumidores cambien a energías limpias y electrificación. Se estima que esta medida reduzca en 12.5 mil dólares el precio de adquisición de un vehículo eléctrico.
La industria automotriz es de las principales afectadas, ya que 89% de la producción se exporta y Estados Unidos es el principal destino, con 78%. En respuesta, la Secretaría de Economía alude a que más que una medida de protección ambiental, es discriminatoria a productores automotrices extranjeros y actúa en detrimento de los compromisos comerciales internacionales de Estados Unidos.
Los costos de la iniciativa de reforma eléctrica, más allá de afectar la relación bilateral o los intereses de inversionistas privados, afecta directamente a la competitividad de la industria nacional e indirectamente a industrias mexicanas eficientes que han sido motor de la recuperación económica.
Represalia comercial o tendencia pro ambiental, ¿a qué costo se deben implementar las políticas públicas? En el corto plazo, los costos en tiempos podrán medirse en los meses que tardará en concretarse la recuperación económica. En el largo plazo, se medirán en los años o décadas que quedaremos rezagados ante medidas de tendencia mundial. Indistintamente, de algo podremos estar seguros y es que en ambos tiempos necesitaremos mantener a Estados Unidos como nuestro aliado. Como dicen: el horno no está para bollos.
