Es innegable que una eficiente e integral combinación de políticas públicas y programas asistenciales tiene el potencial de contrarrestar los efectos negativos que las crisis económicas (sobre todo crónicas como la mexicana) tienen en la población especialmente la más vulnerable y en la que se encuentra en situación de pobreza. También es de notar que los gobiernos en países con problemas económicos han recurrido consistentemente a implementar esquemas de transferencias directas de recursos, como parte fundamental de sus estrategias para tratar de reducir los niveles de pobreza que afectan a una gran parte de la población, tal es el caso de la actual administración que ha destacado en ello.
Hay que tomar en cuenta que la efectividad de estos esquemas en ocasiones se ve nulificada o resulta contraproducente. Por un lado, la propia naturaleza e inercia de la crisis puede hacer insostenible presupuestalmente el fondeo de los esquemas, ya que, en principio los recursos deben provenir de los ingresos por impuestos a la actividad económica, la cual está en crisis. Por otro lado, se presenta el debate entre la selectividad y la universalidad.
Más allá del debate, los esquemas universales se asocian a la construcción de derechos y de ciudadanía social, así como al acceso irrestricto, lo cual es entendible en lo que se refiere a los servicios sociales como salud y educación. Pese a lo anterior, en lo referente a subsidios y transferencias directas enfocadas a aliviar los efectos de la pobreza, no es tan evidente que la universalidad tenga los alcances deseados —en términos económicos y sociales, otro asunto es lo político—, ya que por un lado entre más universales los subsidios monetarios es mayor la demanda de recursos fiscales, los cuales requieren de un andamiaje y estructura tributaria robusta, de cuya debilidad ha padecido nuestro país de manera endémica.
Por el otro, un subsidio universal que no cuenta con una administración eficiente puede llevar a incongruencias permitiendo que posibles beneficiarios que por su nivel de ingreso no requieren el apoyo accedan a los mismos, mientras que otros que no cuentan siquiera con forma de identificarse, son analfabetas o desconocen de la existencia de los apoyos, queden excluidos.
La actual administración federal ha tenido como base de su política social esquemas de transferencias directas englobados en programas específicos, destacan la pensión a adultos mayores, el de jóvenes construyendo el futuro y las becas. Los recursos destinados a la totalidad de programas —alrededor de 121 programas según Coneval— se han venido incrementando anualmente. De acuerdo con el PEF para 2023 la totalidad de programas sociales ejercerán 1.52 billones de pesos, casi equivalente a la deuda financiera de Pemex.
El gasto en desarrollo social ha mostrado ser prioridad dentro de los gastos dirigidos a subsidios, transferencias y aportaciones del sector público en los últimos seis años, pasando de tener una participación de 74.7% en el primer semestre de 2018 con un acumulado de 272 mil 438 millones de pesos, a aportar con 85.3% en el mismo periodo de 2023 con un acumulado de poco más de 475 mil 564 millones de pesos. Un importante contenido es estos programas lo representan las transferencias directas de recursos, sin que medien intermediarios de ningún tipo.
Entre los cambios más notables en los rubros del gasto en desarrollo social, se encuentra el incremento de la participación de la protección social, que pasó de tener un acumulado de 49 mil 918 millones de pesos a junio de 2018, lo que implica una participación del 18.3% del total de los gastos en desarrollo social, a participar con 43.3% en el primer semestre de 2023 con un acumulado de 205 mil 749 millones de pesos.
Ahora bien, como señalamos la universalidad de las transferencias pueden perder su efectividad en el combate a la pobreza, si éstas no llegan correctamente y en suficiencia a los hogares con necesidades. Recientemente el Inegi dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares elaborada en 2022. En grandes números y en comparación con la anterior encuesta, de 2020, los ingresos trimestrales promedio en los hogares crecieron 11% a precios constantes. Este aumento tiene significado si se toma en cuenta que 2020 fue el año más álgido de la pandemia. En el mismo comparativo con 2018, el incremento fue de 4.6% y con respecto a 2016 apenas se ha incrementado un 0.2%.
Los ingresos de los hogares mexicanos se dividen en grandes rubros y uno de los más importantes fueron los ingresos por transferencias, dentro de los cuales se incluyen los beneficios de programas gubernamentales que si bien se incrementaron 100.9% y 33.6% respecto a 2018 y 2020, apenas representan 2.8% del ingreso total.
La universalidad de las transferencias se refleja en que todos los deciles de ingreso indican haber sido beneficiados por las mismas. Del total de hogares que reportan haber recibido beneficios de programas gubernamentales (12.83 millones de hogares), 13.3% se ubicaba en el decil I, los de menores ingresos y recibieron 11.1% del total de transferencias; mientras que los ubicados en el decil X, los de mayores ingresos, representa 7.6% y recibieron 9.1% del total. Como se puede observar el diferencial no es muy grande como se podría esperar si se considera que en principio la población objetivo de los programas sociales son las familias más vulnerables.
La pobreza es un fenómeno multidimensional y su combate requiere de una visión integral de las carencias de los grupos sociales y de la instrumentación de soluciones integrales. Se necesitan programas dirigidos a la nutrición, la salud integral, la educación y las competencias laborales; las transferencias monetarias son sólo un componente. No sólo de transferencias se puede vivir, porque son improductivas por naturaleza e insuficientes por construcción.
Presidente de Consultores Internacionales, S.C.
