A 37 años del sismo de 1985 y cinco años de aquel de 2017, el Simulacro Nacional recuerda no solo a quienes perecieron en la tragedia, sino también a las medidas de prevención de riesgos ante tales fenómenos de la naturaleza. ¿Qué tanto ha avanzado México en la ineludible realidad de ubicarse en una zona de alta actividad sísmica?
En el evento de 1985, Consultores Internacionales S.C. estimó que el impacto económico fue de aproximadamente 5 mil millones de dólares, cifra que representó 2.1% del PIB. En 2017, de acuerdo con los cálculos del Banco de México, se estimó que el impacto fue de 0.17% del PIB siendo mayormente afectado el sur del país.
En más de tres décadas, México ha avanzado en la implementación de técnicas e innovaciones tecnológicas para la construcción. Si bien ambos eventos telúricos no son comparables, vale tomar como referencia que en 1985 fueron derrumbados 757 edificios y en 2017 fueron 38, con más de 12 mil edificios dañados en la Ciudad de México.
Los menores impactos económicos y daños en edificaciones son muestra de lecciones aprendidas, prueba de ello es que México se encuentra dentro de los 10 países con calificación más alta en el mundo de acuerdo con el Puntaje de Progreso en la Reducción del Riesgo de Desastres, elaborado por Naciones Unidas.
No obstante, más que lecciones por aprender, hay prácticas que deben ser mejor reguladas y una de ellas es la actividad de la autoconstrucción. La informalidad continúa siendo un lastre para la economía y en el caso de edificación un riesgo latente, De acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda 2020, 57.3% de los hogares que existen en México son autoconstruidos, 20.8% son nuevos, 14.6% son usados y 7.3% fueron adquiridos de otra manera.
No es de sorprender que la mayor proporción de viviendas autoconstruidas estén en el sureste del país, en zonas de mayor actividad sísmica, por lo que representa un elevado riesgo para sus habitantes y desde luego para las economías locales y para la nacional. El problema de la informalidad en vivienda radica en el rezago habitacional.
El rezago habitacional se refiere a las viviendas que por sus características de ocupación (hacinamiento) y por los componentes y materiales utilizados en la edificación (deterioro) no satisfacen un mínimo de bienestar para sus ocupantes. En 2020, según la Conavi, se estiman más de 8.87 millones de viviendas con rezago.
Abatir el rezago habitacional no es tema menor, según un estudio reciente del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Confrontando el Reto de la Vivienda en América Latina, reducir la brecha de vivienda en México implicaría la construcción de 800 mil unidades nuevas al año, un aumento equivalente a 1% del PIB anual de la inversión en construcción, y la atención al fenómeno de la vivienda informal o autoconstruida.
Hablar de vivienda no es tratar solo a un sector, sino al desarrollo económico en su conjunto por su extensa cadena de valor. Desde la fabricación de insumos como el acero hasta el mayor dinamismo del sector financiero y crediticio, una mayor edificación y formalización generaría mayor recaudación fiscal, creación y retención de empleos, oportunidades de desarrollo e incremento en la productividad. Revertir el déficit de hogares supondría también mayor atracción y retención de negocios e industrias en regiones en donde la fuerza laboral tiene acceso limitado a vivienda.
En resumen, de sismos y sus impactos económicos a la informalidad en viviendas y la atención en el rezago habitacional, el Simulacro Nacional sirve de pretexto para abordar un tema de interés nacional que no solo atiende uno de los mayores riesgos de vivir en una zona de alta actividad sísmica, sino también de cumplir con el número 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030: lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles; y desde luego, de hacerlo a través de una actividad que contribuirá a retomar el crecimiento económico del país.
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