Las expectativas de crecimiento de la economía eran muy optimistas al inicio del año, pero como consecuencia de una serie de factores externos y principalmente internos, este optimismo se ha topado con la realidad, obligando a reducir las expectativas a la mitad de lo originalmente previsto. La toma de posesión del gobierno ha desestabilizado más la economía, lo que nos lleva a este nuevo panorama donde se continúan reduciendo las expectativas, incluyendo 2025, del que se espera aún peor rendimiento que este año.
Después de la debacle que significó la pandemia, la economía mundial y especialmente la mexicana experimentó una importante recuperación en una suerte de rebote. Ciertamente a partir de 2023 el crecimiento empezó a asentarse, pero todavía con registros por arriba de los niveles históricos e incluso superiores a 3%, alimentando el optimismo de que se podrían mantener estos niveles de crecimiento en 2024. En este contexto, al inicio del año las instituciones financieras establecieron sus perspectivas de crecimiento en un rango que iba de 2.5% a 3.0% anual, entusiasmo que duró poco.
Estas expectativas se basaban en la recuperación económica de Estados Unidos y una aguda reducción de la inflación que permitiría bajar las tasas de referencia, liberando una mejor capacidad de financiamiento a las inversiones. Sin embargo, en la primera mitad del año surgieron complicaciones que hicieron que el crecimiento fuera menor de lo proyectado. La economía estadounidense que, si bien no entró en recesión, se ha mantenido débil con crecimientos por debajo de las expectativas lo que impacta de manera directa a la nuestra; la inflación general empezó a repuntar impulsada por los precios no subyacentes; la generación de empleos y el consumo nacional crecieron a menor ritmo que la tendencia de 2023.
Los resultados de las elecciones a mitad de año representan un parteaguas en el panorama político, económico y social del país, marcado por la continuidad del régimen gobernante, que además obtuvo mayorías calificadas en el Congreso, permitiéndole hacer realidad sus proyectos legislativos, lo que generó desconfianza empresarial, mayor percepción de riesgo para los inversionistas y en general inestabilidad económica y financiera, empeorando así las expectativas de crecimiento del PIB.
Por ello los distintos organismos como el Fondo Monetario Internacional, Banxico, Banco Mundial y la OCDE bajaron sus expectativas de entre 2.5% y 3.0% de principios de año, a entre 1.4% y 1.7% en los últimos dos meses. Misma suerte han sufrido las expectativas para el próximo año, que pasaron de 1.5% a 2.1% a ubicarse entre 1.2% a 1.5%, y contando.
De acuerdo con los organismos la revisión a la baja está ligada a la desaceleración de la demanda doméstica particularmente el sector de servicios, la baja creación de empleos, la depreciación del peso y la agudización de la aversión mundial al riesgo. De igual forma, han influido las reformas constitucionales que elevan el riesgo país y generan incertidumbre sobre el Estado de derecho, así como la ausencia de alguna estrategia fiscal que reduzca deuda y permita invertir en capital humano y físico.
Todo esto nos deja un panorama económico alarmante de cara al futuro, más aún si se considera que la tasa de crecimiento poblacional de los últimos siete años ha sido de 1.0% anual, este es el primer umbral sobre el que se debe crecer para no considerarnos en una “recesión relativa”. Durante todo el sexenio anterior, el crecimiento del PIB per cápita fue prácticamente cero, por lo que se hace imperioso recuperar el crecimiento perdido.
Al ambiente de incertidumbre también está abonando el nuevo gobierno que, por un lado, presenta propuestas de políticas y estrategias para reactivar la economía en temas energético, infraestructura y del agro y ha buscado generar confianza en el sector privado; y por otro, aprueba sin cortapisas las reformas e incluso ensoberbecido desacata las disposiciones que ha emitido el poder judicial. Las consecuencias de estas acciones pueden ser graves para la estabilidad social y económica, complicando especialmente las intenciones de aliviar las presiones sobre las finanzas públicas previo a la presentación del paquete económico para 2025 el próximo 5 de noviembre, el cual de entrada contendrá una reducción de 1.4% en el gasto, lo que será insuficiente para aligerar la carga de la deuda.
