El Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP) sufrió una caída sustantiva durante la pandemia de Covid-19, por lo que es conveniente su recuperación, aunque no a cualquier costo. Debe subsanarse la falta de claridad en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y el reglamento del Fondo para evitar que su capitalización ocurra a expensas de recursos sensibles.
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó modificaciones a la LFPRH con miras a fortalecer el FEIP, cuyo objetivo es mitigar el impacto de eventuales disminuciones en los ingresos del Gobierno Federal sobre las finanzas públicas y la economía mexicana. En concepto el FEIP constituye una bolsa de ahorro público del Gobierno ante eventualidades como recesiones económicas o cuando se hacen estimaciones de ingresos incorrectas.
El dictamen aprobado postula dos mecanismos a partir de los cuales se fortalecerá el Fondo. En primer lugar, mediante la reasignación de presupuesto no ejercido para el pago de la deuda pública del Gobierno Federal. En segundo, a través de aportaciones adicionales por medio de activos financieros. Sin embargo, no se especifica qué o cuáles son estos “activos financieros”, lo que coloca en riesgo la discrecionalidad y la posibilidad de incluir en estos activos financieros las reservas del IMSS, ISSSTE, Infonavit, fondos de ahorro para el retiro, bonos de pensiones y títulos de las Siefores; con severas consecuencias económicas y sociales para nuestro país.
Aunque la SHCP señaló en un comunicado que estos activos no se vinculan a ninguno de estos conceptos, la ampliación en las fuentes de ingresos para el FEIP aprobada en el Congreso carece de claridad y certidumbre.
La coyuntura actual no es sencilla porque en los últimos años, los recursos del FEIP han caído sustancialmente. A finales de 2018, el Fondo contaba con 316.9 mil millones de pesos a su disposición. De acuerdo con los últimos datos al tercer trimestre de 2022, la bolsa es de 25.4 mil millones de pesos. Apoyos a Petróleos Mexicanos y gastos frente a la emergencia sanitaria y económica por Covid-19, son algunos de los usos de los recursos por el FEIP; no obstante, la falta de transparencia en el uso de los recursos parece ser una constante.
El costo financiero de la deuda del Gobierno Federal, que son los recursos destinados al pago de intereses y otras cuestiones del servicio de deuda, se mantendrá creciente, colocándose en un equivalente a 3.4% del PIB en 2023. Durante los últimos años han existido subejercicios por estos conceptos, lo que ha mantenido la capitalización del FEIP a flote; no obstante, de cara a un futuro próximo con altas tasas de interés, es riesgoso confiar en que el país pueda seguir ahorrando en este sentido.
La vigilancia del FEIP no solo debe centrarse en el origen de los recursos para su capitalización, sino en el empuje de una reforma integral que mejore y fortalezca su gobernanza. La integración de un órgano de gobierno colegiado, inclusión de contrapesos que contrarresten la operación exclusiva actual que tiene Hacienda, o la formación de comités técnicos para mejorar sus estrategias de inversión son solo algunos de los pendientes que la reciente polémica en torno al FEIP ha resaltado.
El 2023 no apunta para ser un año de gran crecimiento, holgada política monetaria o nivel de precios al nivel prepandemia. Sería irresponsable no contar con un ahorro de emergencia para cualquier eventualidad, pero la reasignación de recursos para el fortalecimiento del FEIP tampoco puede ser discrecional y, mucho menos, a expensas del presupuesto de otras dimensiones igual de relevantes.
Los recursos deben generarse a partir de la generación de riqueza, de proyectos productivos, del crecimiento y de la inversión, pero no de disponer de fondos ya existentes que tienen otros usos y destinos.
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