Las políticas sociales basadas en programas de transferencias directas a la población han tenido resultados diversos. Ciertamente por las condiciones y el entorno que enfrentan los grupos considerados más vulnerables como lo son adultos mayores, personas con discapacidad, menores de edad, estos requieren de la asistencia social. Sin embargo, es necesario que la política tenga sostenibilidad temporal y presupuestaria, es decir que logre un verdadero estatus de Política de Estado.
La actual política social se concentra principalmente en programas sociales de alivio a la falta o limitación de ingresos, destaca el de las personas adultas mayores (el de mayor presupuesto destinado), seguido del de capacitación para los jóvenes, el de becas para educación básica y de apoyo a los productores del campo en condiciones de pobreza. Una característica importante es su naturaleza universal, es decir se otorga sin identificar y focalizar a los verdaderamente necesitados. La otra característica es que, si bien cuentan con Reglas de Operación, éstas son deficientes en el cumplimiento de las metas y en la rendición de cuentas.
Ahora bien, más allá del cumplimiento del objetivo de aliviar o disminuir la carga de la falta de ingresos de subsistencia de los grupos más vulnerables, lo cual bien o mal se lleva a cabo con cierta efectividad, es necesario generar condiciones para que realmente la población de bajos ingresos pueda elevar su nivel de vida de manera suficiente y estable, y las simples transferencias no tienen ese potencial debido a que son por naturaleza insuficientes y no incentivan la generación de más ingreso, es decir no tienen efectos productivos ni multiplicadores. De acuerdo con las mediciones más convencionales del Coneval, en 1995, 30% de la población vivía en pobreza extrema; para 2018 esta proporción se había reducido a 7.8%, sin embargo, para 2020 se ubicó en 8.5%, lo que equivale a 10.8 millones de personas. De igual forma, el porcentaje de personas en situación de pobreza general pasó de 41.9% en 2018 a 43.9% en 2020 un incremento aparentemente inconsistente con la política social instrumentada.
Sin duda el efecto de la pandemia explica una buena parte de este fenómeno, si se mide por la pérdida de empleos que el cierre de actividades provocó. En 2019 el IMSS reportó que los asegurados se incrementaron en poco más de 340 mil, cuando un año antes los nuevos registros significaron más de 660 mil, y para 2020 se perdieron casi 650 mil; por su parte, la tasa de desempleo abierto pasó de 3.33% en 2018, a 4.5% en 2020. Surge entonces una explicación consistente con el incremento en la pobreza general y extrema: la falta de empleos bien remunerados, productivos y que sean producto del propio crecimiento económico. De igual manera los incrementos salariales (de quienes los han tenido) se han visto superados por la inflación, en los últimos dos años el salario en términos reales ha decrecido.
La política social puede abonar a la generación de empleo, pero necesita sustentarse en un andamiaje o ecosistema productivo que coadyuve. El programa de jóvenes en donde se busca que adquieran conocimientos, capacidades y habilidades directamente en las empresas, carece de los incentivos correctos tanto para los beneficiarios como para las empresas y termina siendo meramente transitorio, con nula continuidad luego de que se termina el periodo de aprendizaje.
La política social y la productiva deben ir de la mano. Aliviar la carencia de ingresos junto con generar las condiciones para que los beneficiarios de los programas puedan acceder a las fuentes de empleo permanentes, productivos y remunerativos, la típica fórmula: no sólo le des el pescado, enséñalo a pescar y añadiríamos, incentiva a que existan peces en el agua.
La calidad del empleo que se genera es un asunto fundamental en este contexto, paradójicamente se presenta el fenómeno de pobreza laboral, donde un porcentaje de personas formalmente empleadas tienen ingresos por debajo del nivel de subsistencia, en México ese porcentaje ronda el 40% a nivel nacional y se eleva en las zonas rurales.
La política social no deber estar aislada del fomento al empleo productivo con buen ingreso y de calidad, tampoco la política económica puede ignorar a la población que ha estado marginada, pensando que sólo necesitan subsistir. Es necesario generar un efecto positivo en toda la economía, para ello se requiere la conjunción y articulación de programas y acciones con la participación de todas las fuerzas económicas, principalmente las empresas y los empresarios.
Presidente de Consultores Internacionales, S.C.
