La inseguridad en México ha dejado de ser un problema exclusivamente social para convertirse en uno de los principales obstáculos económicos del país. Su impacto, medido en términos de costos directos e indirectos, afecta tanto al sector público como al privado, generando una espiral de desafíos que limitan el crecimiento económico y la competitividad.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2024 del Inegi, el costo del crimen para las empresas ascendió a 124 mil 300 millones de pesos, equivalente a 0.51% del PIB. Esta cifra representa un incremento de 24.6% en comparación con 2021, subrayando una tendencia preocupante. Dentro de los delitos más comunes destacan la extorsión, el robo de mercancías y el "robo hormiga", lo que refleja la vulnerabilidad de las empresas ante un entorno delictivo que no distingue entre sectores ni tamaños de negocio. Además, más de 30% de los comercios reportaron haber sido víctimas de algún delito en 2023, con pérdidas promedio de 84 mil pesos por establecimiento afectado.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) estiman que el costo total de la inseguridad en América Latina asciende a 3.44% del PIB, incluyendo costos directos como gastos en seguridad y pérdidas de activos, y costos indirectos como la pérdida de productividad e inversión. Este promedio también se refleja en México, donde el crimen afecta tanto la calidad de vida como la viabilidad de los negocios. De igual forma, organismos como la Coparmex destacan que los homicidios, extorsiones y robos a negocios alcanzaron récords históricos durante el último sexenio, erosionando la confianza empresarial y desalentando la inversión.
De acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), el costo total de la violencia en México en 2023 alcanzó 18% del PIB, una cifra superior a las estimaciones del BID y el FMI, ello debido a que el cálculo incluye no solo los costos directos del crimen, sino también los costos de oportunidad derivados de la pérdida de productividad, la necesidad de medidas preventivas y los impactos sobre la calidad de vida. Según el IEP, estos costos representan un gasto promedio anual de 37 mil pesos por persona, una carga que afecta tanto a los hogares como a las empresas. Para el sector empresarial, esto se traduce en mayores costos operativos, desde la contratación de seguridad privada hasta primas de seguros más altas, que limitan la capacidad de reinversión y expansión.
Además, el impacto en la percepción de México como un destino seguro para la inversión amplifica estos efectos, dificultando aún más el crecimiento económico sostenible. La IED lo ejemplifica, ya que en 2024 se han reducido las inversiones nuevas en 45.6% comparado con 2023. Sectores como comercio, manufactura y transporte son particularmente vulnerables. Las empresas destinan en promedio 3% de sus ingresos anuales a estos gastos, desviando recursos que podrían haberse invertido en expansión y mejora de capacidades.
El gobierno actual muestra un giro más proactivo en su estrategia de seguridad. La reciente propuesta del ‘Plan México’ busca comprometer a los empresarios más grandes del país en iniciativas que promuevan la seguridad y el crecimiento económico; no obstante, no es suficiente.
La inseguridad en México no sólo representa un costo humano, sino también un obstáculo estructural para el desarrollo económico. En 2025, el reto no radica únicamente en controlar la violencia, sino en implementar políticas que recuperen la confianza del sector privado, fomenten la inversión y coloquen a México en una senda de crecimiento sostenible. El costo de no actuar será mucho más alto que cualquier gasto en soluciones integrales y efectivas.
Presidente de Consultores Internacionales, S.C.
