Los desastres naturales tienen un impacto directo y significativo en la economía, tanto a nivel regional como nacional. Los efectos económicos de un desastre natural dependen del tipo, de la magnitud del evento y de la ubicación geográfica, así como de la infraestructura existente y la capacidad de respuesta de los gobiernos, sector privado y la sociedad. Por ello la prevención y preparación es fundamental, en cualquier caso, para reducir riesgos y afectaciones.
Cada año el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) emite un informe sobre el Impacto Socioeconómico de los Desastres en México tanto naturales como los ocasionados por la actividad humana. En 2022 se contabilizaron 570 eventos registrados y catalogados como desastres los que ocasionaron daños y pérdidas por un monto del orden de los 16,600 millones de pesos, lo que significó un aumento del 8.3% con respecto al año anterior y equivalente a 0.1 % del PIB de 2022. Si bien se registraron 7% menos incidentes que en 2021, los costos fueron mayores.
Entre 2004 y 2022 los costos ocasionados por los desastres registrados por el Cenapred acumularon 585 mil 516 millones de pesos; destacan años en los que acontecen varios eventos como lo fue en 2010 con los huracanes Alex, Karl y Matthew cuyos efectos sobre el territorio nacional, representaron un costo de más de 92 mil 300 millones de pesos. El 2017, con los sismos de septiembre las afectaciones a la población y a la infraestructura en distintos estados del centro-sur del país con un costo superior a los 88 mil 400 millones de pesos en daños y pérdidas, situación que todavía se está atendiendo mediante el Programa Nacional de Reconstrucción, prioritario en este gobierno. En 2022 hubo daños calculados por 16 mil 600 millones de pesos, el huracán Agatha, las intensas lluvias y el sismo del 19 de septiembre fueron los más devastadores.
En los que va de 2023, también se han ido registrando distintos desastres, entre ellos los huracanes Lidia y Max. Sin embargo, el más significativo hasta ahora ha sido el huracán Otis, cuyos costos aún no han sido cuantificados plenamente, pero se advierte que superará los 15 mil millones de pesos. En este contexto 2023 será un año significativo en este tema.
Ciertamente las más importantes y lamentables pérdidas causadas por los desastres ocurridos son las vidas. En el lado de lo material, las pérdidas pueden tener un impacto negativo en la economía al reducir el capital productivo disponible. El gobierno y las organizaciones de ayuda suelen gastar grandes sumas de dinero en la recuperación y reconstrucción de las áreas afectadas por desastres naturales. Estos costos pueden recaer tanto en el presupuesto público como en las compañías de seguros y los individuos y pueden aumentar la deuda pública y privada y tener implicaciones a largo plazo para la economía.
Previendo estas necesidades y la urgencia en su atención, en 1996 el Gobierno Federal constituyó el Fondo de Desastres Naturales (Fonden); ciertamente los recursos públicos casi por naturaleza son insuficientes, pero contar con estos vehículos financieros permiten una oportuna reacción.
Lamentablemente y por cuestiones meramente políticas, en 2021, la Secretaría de Hacienda oficializó la desaparición del Fonden como fideicomiso, y eliminó sus Reglas de Operación. A partir de 2021, el PEF registra una asignación a un programa con esa etiqueta, pero para fines prácticos es una partida presupuestal que al final de cada ejercicio los recursos remanentes deben ser regresados a la Tesofe, por lo que del fondo sólo queda el nombre.
El impacto económico de malas decisiones políticas tiene efectos en toda la economía, tal vez se disfrazan por la buena intención y solidaridad de la ciudadanía, pero sin duda, es una mala práctica; desaparecer en lugar de mejorar, lo que refleja es una falta de visión.
Presidente de Consultores Internacionales, S.C.
