A raíz de las discusiones en el Congreso respecto del paquete económico de 2024, el tema de la deuda pública federal, que se incrementará de manera importante el próximo año, ha suscitado un creciente interés, en parte por el aparente destino que se les dará a los recursos obtenidos vía el financiamiento, pero también sobre el costo financiero de la misma y la forma de financiarlo. Esto debido a que estos gastos son los que se desembolsan regularmente con cargo al presupuesto.
Es una práctica aceptable que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales y municipales recurran al endeudamiento para financiar su gasto, siempre y cuando este sea en inversión y no en gasto corriente, pues los primeros tienen potencial de recuperación y de generación de ingresos, mientras que los segundos suelen ser gasto perdido. En este contexto, la deuda pública puede ser una herramienta útil para impulsar el crecimiento económico y financiar proyectos de infraestructura, y la carga que generan a la población se puede considerar bien aceptada si se crea un círculo virtuoso.
En cambio, cuando una mayor deuda no se corresponde con un mayor desarrollo y bienestar de la población, ésta a la larga se convierte en un lastre, ya que financiar su costo puede implicar desviar recursos que son escasos, generar mayores cargas y comprometer la viabilidad financiera de los gobiernos en el futuro. En este contexto, toma relevancia el tema de las deudas estatales y municipales que, si bien ahora se cuenta con un mayor control gracias a las leyes de disciplina financiera que se han implementado, la deuda subnacional se ha incrementado en los últimos años.
Cada entidad federativa es soberana en temas de endeudamiento. Como indicamos se deben someter a las normativas de disciplina financiera para no caer en excesos como sucedía antes. Cabe señalar que en la práctica los gobiernos subnacionales garantizan las deudas contraídas con los recursos fiscales que esperan recibir especialmente las participaciones, ya que es relativamente bajo el ingreso propio que generan.
Entre 2018 y 2022, el saldo de la deuda conjunta de los gobiernos estatales y municipales y sus organismos se incrementó 13.8% en términos corrientes. En términos reales se registra una reducción por efectos de la alta inflación de 2021 y 2022. Ahora bien, si comparamos con la deuda interna nacional, la deuda subnacional representa entre 6.5% y 7.0%, y en términos del PIB entre 2.0% y 2.5%. Sin embargo, al agregar ambos conceptos se eleva el tamaño del endeudamiento que pasó de 7.5 billones de pesos en 2018 a 11.1 billones en junio de 2023; medido en términos per cápita, pasó de 59 mil 600 pesos en 2018 a 85 mil 100 pesos en junio de 2023.
Es importante tener en cuenta que más que el saldo en sí de la deuda, la carga sobre el presupuesto de cada deudor se concentra en el costo financiero. En el caso de las entidades, los principales acreedores son la banca comercial, que en 2022 representaba 54% del total agrupado, seguido de la banca de desarrollo con 37% y, en menor medida, las emisiones bursátiles y otros esquemas.
Tanto el gobierno federal como los estatales y municipales deben asignar recursos presupuestales al pago del costo financiero de la deuda contraída. Lo anterior puede llevar a una reducción en el gasto público en áreas como la educación y la atención médica, lo que puede afectar la calidad de los servicios públicos que los ciudadanos reciben. El pago de la deuda limita la capacidad de los gobiernos para invertir en programas y proyectos que beneficien a las generaciones futuras, como la inversión en infraestructura, educación y tecnología.
En este marco, no sólo se requiere una estricta vigilancia que asegure la disciplina financiera para evitar endeudamientos excesivos. Se pone de manifiesto la necesidad urgente de que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales diseñen y pongan en marcha una profunda reforma hacendaria que mejore la “calidad” de los ingresos y eficiente los gastos. No sigamos comprometiendo el futuro ante inmediateces que no llevan a buen puerto.
Presidente de Consultores Internacionales, S.C.
