El plan antinflacionario busca la concertación de precios entre productores y distribuidores, una medida bien intencionada, complicada de aplicar y que, por sí sola, será insuficiente, ya que se necesitan medidas que fortalezcan la productividad de las empresas. Si la medida no resulta, se afectará a las pequeñas empresas, con la posibilidad de afrontar acaparamiento, escasez, mercados negros y, desde luego, mayor inflación, que para ese entonces será la menor de las preocupaciones.
El anuncio de un plan antinflacionario implementado por el gobierno federal ha generado polémica entre los actores económicos porque recuerda las experiencias que México ha tenido al controlar los precios y sus efectos ¿En qué consiste este plan y en qué se diferencia de experiencias previas?
El plan surge de la elevada inflación que persiste en la economía desde hace un año. En la primera quincena de abril la inflación general se ubicó en 7.72% anual y la inflación de la Canasta de Consumo Mínimo en 8.29% anual.
A decir del Ejecutivo, el plan consiste en llegar a un acuerdo con productores y con comerciantes para garantizar una canasta básica de alimentos con precios justos en la que se contemplan al menos 24 productos entre ellos maíz, frijol, arroz y leche. Asimismo, se enfatizó en no imponer o controlar los precios de los productos ¿Cuál es la preocupación del control de precios?
Entre los ochentas y los noventas, México implementó pactos para reducir la inflación a través de que el gobierno no subiera impuestos y precios de luz, combustibles, agua y teléfono a cambio de que los productores no subieran sus precios. En tiempos actuales, Argentina con su inflación anual de marzo de 55.1%, una de las más altas del mundo, ha intentado controlar los precios con el Programa Precios Cuidados que, lejos de reducir la inflación, la ha incrementado.
En ambas experiencias, la fijación de precios por decreto redujo la inflación por corto tiempo; sin embargo, afectó a la cadena de proveeduría, ya que las grandes empresas lograron absorber los impactos, pero provocó la desaparición de aquellas pequeñas que no lo lograron. Asimismo, un control de precios prolongado puede provocar escasez por acaparamiento, la creación de mercados negros y, finalmente, el incremento de los precios.
En este sentido, resulta complicado que productores y distribuidores, suponiendo que tienen amplios márgenes de ganancia, acuerden un precio a nivel nacional y a lo largo de la cadena de proveeduría, considerando las importaciones con precios ya definidos y sujetos a volatilidad cambiaria.
No se trata de precios: se trata de recuperar la productividad y competitividad perdida. Si el plan antinflacionario busca sólo la concertación de precios, no será suficiente, ya que se necesitan medidas fiscales que apoyen a las empresas para fortalecer su capacidad productiva a través de mejor tecnología y más empleo y mejor calificado. Además, se deben integrar las cadenas de proveeduría para abaratar costos, promover la inversión en infraestructura para hacer más eficiente la logística y distribución de los productos y, desde luego, aplicar medidas de competencia económica que faciliten el sano desenvolvimiento de los mercados a través de evitar y sancionar prácticas monopólicas que los distorsionen.
La elevada inflación continuará hasta finales de 2024, ya que no solo es provocada por factores externos, sino que es resultado de las afectaciones a la producción de las empresas y de la menor inversión, lo que está reduciendo consistentemente la productividad y la competitividad del país. En ese entonces, el acaparamiento, los mercados negros y, desde luego, la inflación, serán la menor de las preocupaciones.
