México es rehén de la inseguridad, pero más que eso de la estrategia fallida del combate a la delincuencia. Las estimaciones sobre el impacto económico de la inseguridad son variadas, insuficientes y sin eco, en una economía que pareciera normalizar el delito, en gobiernos, policías y sistemas de justicia paralizados y en empresas y ciudadanos que absorben día a día los costos de la impunidad.
México es un país de contradicciones en diversas manifestaciones y la inseguridad es una de ellas. Ciudadanos y empresarios viven detrás de protecciones y delincuentes están libres por las calles. El país está militarizado por más de cien mil elementos de la Guardia Nacional y el liderazgo de puertos y aeropuertos a cargo de militares y, sin embargo, la incidencia delictiva y las víctimas siguen en aumento, según la Secretaría de Gobernación, más de 115.9 miles de víctimas entre enero y abril de 2022, esto es 4.5% más que en el mismo periodo del año previo, convirtiéndose en cifra histórica.
En temas de víctimas y de costos, cualquier cifra queda corta. No solo por el método de recolección de la información, sino que estadísticamente ambas están rebasadas. Según el Inegi, en 2019 (el dato más reciente) el costo promedio de un delito por cada empresa fue mayor a 85 mil pesos, sumando más de 225.93 miles de millones de pesos; de esta cifra, 58.8% del total se destina a medidas de seguridad y protección y el resto a gastos a consecuencia de la inseguridad. No importa por donde se vea, luce mal: de las más de 2.65 millones de empresas afectadas, 2.49 millones son microempresas, y el costo en las empresas grandes es mayor a 1.5 millones de pesos.
En el caso de los ciudadanos, según el Inegi, las pérdidas patrimoniales promedio fueron mayores a 8.7 miles de pesos en 2021, es decir más de 185.23 miles de millones de pesos. Los más de 21.2 millones de mexicanos que se declararon víctima de la inseguridad (1.7 de cada 10 personas) son mayormente afectados por robos total o parcial de vehículo, asalto en calle o transporte y fraude o extorsión.
Ante tales afectaciones, la estimación del impacto económico, además de rebasada, carece de sentido por la magnitud. Tomando el dato más reciente del Producto Interno Bruto y la estimación de los costos en 1.5% del PIB, la cifra supera 414.67 miles de millones de pesos, dato mayor en 2.6 veces al subsidio en gasolinas al primer semestre de 2022 (169 mil millones) y 1.8 veces al presupuesto 2022 aprobado a Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana (incluida Guardia Nacional). La normalización y el día a día de la inseguridad han provocado la falta de asombro ante lastres económicos de tal magnitud, pero, sobre todo, por la incredulidad de que algo vaya a cambiar.
Los recientes actos de violencia en Jalisco, Guanajuato y Baja California son expresiones de ciudades, incluso entidades, en que el Estado de derecho puede considerarse fallido, perdido. Se ha dicho más de una vez que la estrategia de abrazos y no balazos no funcionaría: el problema, como mucho otros, se subestimó una vez más.
En esta realidad, lo que para muchos es oscuridad, para otros se vislumbra como algo de luz. Si bien con la inseguridad nadie gana, para algunas organizaciones se percibe como oportunidad al innovar e implementar sistemas de seguridad con tecnología de punta. Sistemas digitales de anticipación de riesgos que incluyen servicios automatizados con inteligencia artificial han mostrado efectividad para prevenir eventos delictivos; o bien, atender con rapidez una emergencia. Por otro lado, es momento de que empresas y personas revisen sus estrategias de aseguramiento para transferir parte de los daños económicos derivados de la inseguridad.
En Consultores Internacionales, S.C. hemos dicho en repetidas ocasiones que son tiempos para que las empresas aguanten, se protejan y se preparen y, en esta ocasión, más allá de la inflación persistente y las continuas alzas de interés, se trata de un problema estructural en el que las organizaciones deberán hacer la valoración de riesgos en su operación y detectar alternativas para reducirlos, mitigarlos o transferirlos.
La inseguridad no se resolverá con la militarización de país o con la aprobación de la iniciativa sobre el mando de la Guardia Nacional a manos de la Defensa Nacional. Es un problema que no se resolverá en el corto plazo, por lo que ciudadanos y organizaciones deberán protegerse y estar preparados.
Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.
