El artículo 123 de nuestra Constitución a la letra dice que “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil…”. Si bien éste ha sido el espíritu con el que se fundamentaron las leyes y acciones en materia de empleo, lo cierto es que garantizar el acceso a un empleo formal, digno y que permita la satisfacción de las necesidades básicas de la población no siempre es una posibilidad real, y mucho menos en tiempos de crisis.
Debido a la pandemia y a la crisis económica en que derivó, con datos del Inegi, en el primer trimestre de 2021, respecto al mismo periodo en 2020, se tiene registro de 2.3 millones de personas ocupadas menos y de 2.5 millones de personas más disponibles para trabajar, pero que no están buscando empleo. El año pasado, ambos grupos, de personas desocupadas y de aquellas disponibles para trabajar, significaban 7.7 millones de personas, y en 2021 suman 10.7 millones.
Por otro lado, en momentos de crisis y disminución del empleo, es tradicionalmente en el sector informal y en la subocupación donde buena parte de la población encuentra mecanismos de subsistencia, pero la crisis del Covid-19 fue tan profunda que disminuyó la ocupación tanto formal como informal. De hecho, se estima que en este sector hubo una reducción de 1.8 millones de personas respecto al año pasado, e incluso como proporción del total de empleos pasó de 56.1% a 55.1%.
Ahora bien, el caso específico de la subocupación merece especial atención. Se trata de personas que laboran menos de 35 horas por semana y que tendrían disponibilidad para hacerlo. Este grupo pasó de 4.6 millones de personas en el primer trimestre de 2020 a 7.3 millones en 2021, lo que significa que en términos proporcionales pasó de 8.5% del total de la población ocupada a 13.8%. Lo más llamativo es que 6.9 millones de personas, es decir 94.5% de ese total, reportan que no están buscando activamente otro empleo de tiempo completo o parcial.
La crisis económica tuvo como uno de sus principales efectos la precarización de los empleos. La falta de seguridad sobre su permanencia, la incertidumbre, la disminución de remuneraciones y de horas efectivamente pagadas son características del mercado laboral en México. Las empresas y empleadores, debido a la baja en ventas y a una lenta recuperación, han debido hacer estos ajustes y, en muchos de los casos no han podido ser restituidos. La opción ha sido la subocupación de los empleados para disminuir los gastos operativos, principalmente en el sector terciario, el más afectado por la pandemia, en donde se concentra 67% de la subocupación.
Desde octubre de 2020, la Organización Internacional del Trabajo revelaba que en México 44% de la población ocupada se enfrentaba al riesgo de sufrir afectaciones como reducción de horas o salarios, y en muchos casos debía agregarse la vulnerabilidad por trabajar en el sector informal.
Hace apenas unos días, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) confirmó que la pobreza laboral, es decir la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria, aumentó de 35.6% a 39.4% entre el primer trimestre de 2020 y el mismo periodo en 2021.
Es menester que la economía, a través de las empresas, encuentre el camino para mejorar el empleo, tanto en el número de vacantes, como en la calidad de éstas.
El empleo tiene una alta relevancia, es la base del ingreso de los hogares y, por tanto, del desarrollo económico y del tejido social. Preservar el empleo, garantizar las oportunidades y formar capital humano es la base de una sociedad próspera y de una economía dinámica.
En el cumplimiento de este objetivo, tanto hacedores de política pública, como empresas y organizaciones, tenemos mucho que aportar.
*Presidente de Consultores Internacionales, S.C.
