El gobierno que está por terminar se caracterizó por construir y sostener una política social basada en entregar directamente cantidades monetarias a la población adherida a un conjunto de programas de apoyo, que tuvo como resultado la reducción de los índices de pobreza por ingresos. Sin embargo, estos beneficios han tenido un costo, ya que el alto gasto social, que suele ser improductivo, ha generado una presión sobre el presupuesto y la deuda, desviando la inversión en temas como educación, salud y otros bienes públicos. Como consecuencia, se provocó una serie de carencias, que pueden terminar siendo un perjuicio mayor a los ingresos transferidos, dejando a la población con un beneficio neto negativo.
Entre 2018 y 2024 se destinó 30% más recursos en términos reales a programas sociales que durante el sexenio anterior, especialmente en la forma de transferencias directas a la población. Lo cual ha logrado una reducción en la pobreza de acuerdo con Coneval en 5.1 millones de personas pasando de 41.9% a 36.3% de la población.
En particular la pobreza moderada se redujo en 5.5 millones de personas pasando 34.9% a 29.3% de la población. Empero la pobreza extrema aumentó en 400 mil personas pasando de 7.0% a 7.1% del total. Esta situación resulta paradójica dada la evidencia histórica que indica que los programas sociales basados en transferencias son más efectivos en reducir la pobreza extrema, cuestión que no ha aplicado durante este sexenio. En contraste se observó un aumento de la pobreza por carencias sociales con 5.2 millones más de personas vulnerables por estas condiciones aumentando de 26.4% de la población a 29.4%. Si bien se incrementó el ingreso, no necesariamente ha mejorado la situación de vulnerabilidad de la población.
El mayor gasto de los programas sociales ha implicado que se sacrifiquen otros rubros de gasto del gobierno, provocando la reducción del presupuesto para educación y salud, debilitando instituciones cruciales para el bienestar social. El presupuesto en salud cayó 10 puntos porcentuales durante el sexenio, pasando de significar 53% a 43%. Por su parte el gasto en educación disminuyó en dos puntos porcentuales que representan 34 mil millones de pesos menos que el sexenio anterior.
La educación ha empeorado como consecuencia: la tasa de escolarización de educación básica ha caído de 96.8% en 2015 a 90.8% en 2023 y las pruebas Pisa de 2023 nos califican en el puesto 51 de 81 países (en 2018 estábamos en el 39). La salud también ha sufrido dejando a 20 millones de mexicanos sin servicios médicos, se han reducido a la mitad el número de consultas ofrecidas y sólo 79% (95% en 2018) de los atendidos por el IMSS reportan recibir todos sus medicamentos. El aumento en estas carencias lleva a la necesidad que tienen los beneficiarios de las transferencias a tener que dedicarlas a obtener bienes y servicios que antes se les proporcionaban. Así pues, los supuestos beneficios de la política social se ven mermados por los gastos adicionales que las familias requieren de efectuar, es pues un espejismo social.
Es de destacar que el aumento en el gasto social influyó en el destacado aumento de la deuda pública, es decir que no ha sido sustentable. Si consideramos que el próximo gobierno pretende mantener esta estrategia e incluso aumentar las transferencias, el aumento en el gasto social incrementará el estrés en el presupuesto público. La política social basada en transferencias no soluciona el problema estructural de la pobreza, ya que no logra mantener los beneficios en el largo plazo.
El país que nos dejan es uno con una percepción de un mayor bienestar social, pero con un esquema muy caro de mantener —probablemente insostenible en el tiempo— y un deterioro de las instituciones que realmente pueden generar beneficios a largo plazo.
La solución de largo plazo no está en el gasto social per se, sino en una política social que genere empleos de manera sostenida, de calidad y bien remunerado. De esta manera el gasto social debe ser entendido como el elemento facilitador; es decir, debe orientarse a la generación de condiciones de infraestructura, seguridad, salud y educación que permitan esa creación de empleos. Dicho de otra forma, “la mejor política social es una buena política económica”.
Presidente de Consultores Internacionales, S.C.
