Como ya es costumbre, en el mensaje de toma de posesión del nuevo gobierno se delinearon a grandes rasgos las directrices de lo que será la política pública. No sorprende, porque ya se había anunciado, la continuidad en la política social y en el gasto en obra pública; destaca si lo que se podría considerar como un giro decisivo en la política energética al privilegiar las energías limpias. Sin embargo, el cúmulo de acciones no se acompañó de las estrategias para conseguir los recursos suficientes para financiarlas, lo que toma relevancia en el sostenimiento de que no habrá reforma fiscal y se reducirá el déficit público heredado. Tampoco se expusieron expectativas de crecimiento, pero sí se respaldaron las reformas lo que contrapone cualquier intento por generar confianza para los inversionistas y los mercados.
Entre las promesas relacionadas al gasto social, el punto medular es la continuidad y expansión de los programas de bienestar, cabe señalar que el gasto acumulado entre 2019 y 2024 ascendió a 2.9 billones de pesos, un incremento de 131% en términos reales, por lo que con la permanencia y creación de nuevos programas indizados a la inflación las presiones sobre el presupuesto serán mayores. Ciertamente los programas sociales han demostrado tener impactos positivos en la reducción de la pobreza y la desigualdad (se redujeron más de 5 millones de personas según Coneval), pero por su naturaleza improductiva refleja un costo de oportunidad, especialmente cuando se financian con deuda.
La política de gasto en obra pública también implica continuidad y expansión. Se terminarán (y expandirán en su caso) las obras insignia del sexenio anterior específicamente el Tren Maya y el interoceánico, introduciendo el servicio de carga, lo cual sin duda es lo más rentable y que en principio justifica la inversión en el segundo proyecto. De igual forma se anunciaron nuevas líneas de transporte de pasajeros por ferrocarril, la intención es mejorar la conectividad regional, impulsar el turismo y promover el comercio transfronterizo, lo que implica seguir inyectando recursos. Durante el sexenio anterior se destinaron 5 billones de pesos a la inversión en infraestructura.
A las promesas de gasto le hizo falta exponer las fuentes de financiamiento. Lo anterior toma relevancia dada la aparente conciencia de que es necesaria la consolidación fiscal para poder reducir el déficit público, que ronda 6% del PIB, logrando disminuirlo a 3%. Sin embargo, las únicas medidas consideradas fueron de mayor austeridad (ya se anunció un recorte en la nómina pública de 10%, lo que puede implicar reducir sueldos y quizá despidos), y el compromiso de no subir impuestos, lo que lleva a considerar que se agudizará la vigilancia sobre los contribuyentes cautivos. La ausencia de una reforma hacendaria para incrementar ingresos y racionalizar gastos y de un claro programa de fomento económico que busque recuperar el crecimiento del PIB, le da un tono de irrealizable a la política anunciada.
Un tema que vale la pena valorar es el giro que se pretende dar a la política energética. En principio no hay un paso atrás respecto de mantener la participación en generación eléctrica entre el sector público y privado (54% y 46%, respectivamente), pero sí se buscará incrementar las energías de fuentes renovables, limitando la producción de hidrocarburos. Se anunció un Plan Nacional de Energía que incluirá nuevas inversiones en transmisión y generación, con un programa ambicioso para impulsar la transición hacia fuentes renovables, que actualmente representan 31.8% de la generación eléctrica.
Sin embargo, será importante que se vayan despejando las dudas sobre la necesaria participación del sector privado, especialmente en la inversión que requiere la CFE lo que será clave en elevar la generación de renovables. La promesa de “reglas claras” para los inversionistas debe cumplirse a cabalidad, lo que generará la confianza necesaria.
El segundo piso está en marcha, pero tiene cimientos frágiles. Preocupa que no se hayan abordado temas delicados como la percepción de riesgo país y el bajo crecimiento, y se siga pensando de manera optimista en que todo va bien. Recordamos que durante el sexenio anterior se dio un crecimiento promedio anual de 0.8% y las expectativas para el próximo año están alrededor del 1%. Inicia un nuevo gobierno y las expectativas no son lo halagüeñas que se quisieran, empero hay margen de acción para revertirlas.
Presidente de Consultores Internacionales, S.C.
