Recientemente, la contingencia sanitaria ha impulsado la transformación digital en muchos mercados y negocios, ampliando las alternativas de investigación, desarrollo y venta de productos. En este contexto, una excesiva burocracia e ineficiencia gubernamental limitarían el crecimiento y diversificación de la digitalización comercial y empresarial.
La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) afirma que los consumidores están cambiando sus preferencias de consumo hacia el mundo digital. Hoy en día, mayor porcentaje de personas prefieren adquirir productos y servicios en línea, y no presencialmente: los servicios bancarios (80%), el pago de servicios del hogar (75%), la comida a domicilio (74%), la ropa (64%) o los electrónicos (55%) son solo algunos ejemplos de la tendencia de digitalización en la demanda.
La globalización y otros sucesos coyunturales como la pandemia han fortalecido las preferencias por la digitalización tanto de la oferta como de la demanda.
A pesar de que la espiral inflacionaria ha empujado la tasa de interés de referencia a máximos históricos, el crédito al consumo que otorga la banca comercial creció en 15.4% en agosto en comparación con el mismo mes de 2021, el incremento interanual más grande en la historia, y alcanzando un saldo en cartera de 1.13 billones de pesos, según el Banco de México. Esto es consistente con el hecho de que el 35% de los consumidores utilizan sus tarjetas de crédito para realizar compras online.
Sin embargo, el evidente potencial que representa el comercio electrónico y la digitalización de los mercados ha encontrado obstáculos gubernamentales que limitan su crecimiento y vuelven ineficiente la regulación económica que debería estar encaminada a fortalecer sus cadenas de valor, incrementar los incentivos de modernización y diversificar la oferta de bienes y servicios digitales.
Recientemente, surgió una controversia sobre el mercado de tiendas de aplicaciones entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Aunque es una buena noticia que la autoridad esté pendiente para evitar posibles fallas en los mercados, actualmente ambas instituciones se encuentran investigando la misma situación por separado.
Al ejemplo anterior se suman las investigaciones y tensiones entre el IFT y la Cofece por la concentración de mercado de Uber cuando adquirió Cornershop en 2021 y otra por posibles barreras a la competencia en los mercados de búsqueda de internet en el mismo año. En la primera, el Poder Judicial decidió que la Comisión sería la facultada para emitir su fallo; en la segunda, el Instituto se impuso como la autoridad competente. La existencia de dos autoridades de competencia económica en México implica preguntas sobre duplicidad de funciones y eficiencia en el uso de recursos.
Que ambas instancias asignen recursos para investigaciones del mismo mercado y de la misma problemática no es banal, toda vez que el IFT tiene un presupuesto asignado para 2023 que resulta ser 7% más grande que en 2022, mientras que se presupuestaron gastos 12% más elevados para la Cofece en el próximo año. Además, la ineficiencia se potencia cuando las controversias llegan a los tribunales y se dictaminan fallos que invalidan los esfuerzos y hallazgos de alguna de las dos.
No hay que dejar pasar, a propósito de los hackeos a la Sedena, los temas de la seguridad de la información y de las transacciones que hoy requieren de una especial dedicación e inversión para fortalecer la confianza del consumidor en este nuevo marketplace.
La digitalización y modernización de los mercados y empresas no es un tema nuevo, pero la pandemia por Covid-19 aceleró su desarrollo y priorizó fuertemente su atención. Es urgente que las autoridades regulatorias provean un ambiente adecuado y simplificado para la innovación, el desarrollo tecnológico y nuevas inversiones productivas. Ya no se trata de un tema del futuro, sino del presente.
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