En las últimas semanas la polémica sobre la propuesta de incrementar el déficit público y la deuda del gobierno federal para 2024 ha sido constante, ya sea desde la óptica de las implicaciones sobre la economía, o sea por el destino electoral que se les dará a los recursos obtenidos mediante los requerimientos financieros que implican. El incremento de la deuda pública puede plantear varios problemas económicos y fiscales si no se maneja adecuadamente.
De acuerdo con el Paquete Económico presentado a principios de septiembre, para el próximo año se propone elevar los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) a 5.4% del PIB desde un nivel de 3.9% estimado para el cierre de 2023; con ello, el saldo histórico (SHRFSP) pasaría de 46.5% del producto en 2023 a 48.8% en 2024. El incremento en términos monetarios equivale a 6% real, aun considerando que el valor de la deuda se ha reducido por dos factores de medición destacados: la deuda externa valuada en pesos es menor por el efecto de la apreciación del tipo de cambio; por otro lado, también influyó el cambio de año base en las cuentas nacionales de 2013 a 2018 introducido por el Inegi, lo que incrementó el valor monetario del producto disminuyendo los indicadores relativizados a la nueva medición.
El tema clave no es el valor en sí de la deuda o si es importante que se eleve en términos del PIB, muchos países tienen deudas que superan el valor de su producto nacional. El meollo se encuentra en el costo financiero que implica el pago de los intereses y otros gastos, recursos que debieran provenir de fuentes sanas, es decir de los ingresos por recaudación y no de más deuda. Cabe señalar que los costos financieros de la deuda se han visto incrementados por el alza en las tasas de interés; así, los Criterios Generales para 2024 estiman una tasa de 10.3%. Con ello, los costos financieros pasarían de 1.13 billones de pesos en 2023 a 1.26 billones en 2024, un incremento real de 11.8%. En términos del PIB, el costo financiero se eleva de 3.4% a 3.7% de un año a otro.
Ahora bien, cuando la deuda pública aumenta, el gobierno debe destinar una parte considerable de sus ingresos para pagar los intereses de esta lo que reduce la disponibilidad de fondos para otros gastos, cabe señalar que los recursos presupuestados en 2024 para cubrir el costo financiero de la deuda son superiores al gasto destinado a salud y educación recursos que representan 2.9% y 3.2% del PIB respectivamente.
Si los niveles de deuda se incrementan considerablemente también lo hace el riesgo de insolvencia lo cual se percibe en la evaluación que las calificadoras de deuda realizan a los bonos que emite el gobierno. Si bien actualmente la calificación de la deuda del gobierno mexicano se mantiene por arriba del grado de inversión, en los últimos años se han presentado reducciones en la escala, producto de la evaluación de potenciales riesgos, una reducción en la calificación de la deuda puede tener graves repercusiones en los mercados financieros y la economía en general.
Ahora bien, si los recursos obtenidos mediante endeudamiento se destinan a inversiones productivas, se puede fomentar el crecimiento de la economía a través de la inversión pública y privada; no obstante, en el caso de nuestro país, si bien no es claro en qué se gastará la deuda, el anuncio de que se elevará el gasto público destinado a apoyos directos a la población, nos lleva a suponer que parte de esos recursos tendrán un destino improductivo. De igual forma las obras insignia de infraestructura absorberán parte del endeudamiento, obras que no han demostrado ser rentables y productivas, lo que puede generar mayores riesgos de impago.
Los altos niveles de deuda pueden restringir la capacidad del gobierno para tomar decisiones políticas efectivas, el país requiere de la asignación de recursos escasos de manera eficiente y productiva, las consecuencias de no hacerlo sólo pauperizan y profundiza la desigualdad.
Presidente de Consultores Internacionales, S.C.
--ROBERTO JIMÉNEZ
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