Inicia el año con cambios sustantivos que impactarán al mercado laboral, la reforma en materia de vacaciones, los cambios en la Ley de Pensiones con el aumento en la carga patronal, el aumento del salario mínimo y mayores cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El escenario luce complicado, toda vez que México y el mundo están al borde de una desaceleración económica que podría disminuir los ingresos de las empresas y en este contexto, los negocios más pequeños están desproporcionalmente expuestos al aumento de costos laborales.
Si bien la mejora de las condiciones y prestaciones laborales de los trabajadores es un motivador para aumentar la productividad de nuestra economía dentro de un escenario mundial volátil y altamente competitivo, los cambios ya aprobados deben acompañarse de apoyos y programas, privados y gubernamentales, enfocados a la mejora de la productividad y eficiencia, de lo contrario el efecto positivo se perderá.
El salario mínimo, que en 2018 era de 88.36 pesos, hoy se encuentra en 207.44 pesos, un aumento de más de 118% en cinco años. Así, los sectores intensivos en mano de obra, como el de construcción, automotriz, turismo y comercio tendrán mayores afectaciones y retos. Además, los agresivos aumentos comienzan a presionar al alza los siguientes peldaños salariales de los negocios, orillando a las empresas a incrementar sus costos laborales para una mayor parte de la plantilla de lo presupuestado.
En cuanto a las pensiones, se acordó incrementar, de manera progresiva, las aportaciones patronales a partir del 2023, hasta alcanzar casi 12% en 2030 para quienes perciban más de 4.01 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Adicionalmente, el número mínimo de vacaciones se modificó a partir del primero de enero de este año. De acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin), la reforma a las vacaciones tendrá un costo estimado de 2% para las empresas.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el penúltimo país miembro en términos de productividad laboral. Un incremento de las cargas empresariales sin que las unidades económicas puedan solventarlas mediante una mayor eficiencia dañará directamente las cadenas de valor y la configuración productiva de industrias enteras.
Al tercer trimestre de 2022, de 57.4 millones de trabajadores del país, 23.2 millones estaban empleados en micronegocios, 8.4 millones en pequeños establecimientos; y 5.5 millones en medianos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Es decir, generan 64.6% del empleo del país y más de la mitad de su producción.
Dichas empresas cuentan con un menor volumen de ventas y flujos de efectivo, mayores barreras para la adquisición de financiamiento, plantillas laborales reducidas y con menor capacidad de sustitución, así como condiciones de infraestructura con menor resiliencia a efectos económicos prolongados. Además, no existen esfuerzos para que este tipo de negocios mejoren su pericia empresarial ni obtengan más información para planear estratégicamente el futuro inmediato.
Los riesgos no solo se limitan a una dimensión microeconómica, sino que pueden esparcirse a toda la economía. Con tantos incrementos de los costos laborales, las empresas podrían aumentar sus precios al consumidor final, alimentando a que la espiral inflacionaria persista o, incluso, que las expectativas de inflación comiencen a desanclarse y los precios elevados se vuelvan una constante en el mediano plazo.
Los incrementos salariales y la justicia social para los trabajadores deben ser defendidos a toda costa, pero nunca sin el acompañamiento gubernamental y la mejora de las condiciones de infraestructura, energía, costos, información y seguridad en las que están insertas las empresas. Es imprescindible encontrar un equilibrio para proteger a las empresas más vulnerables y pequeñas de la economía, fundamentales para la generación de millones de empleos y una buena parte de la producción nacional.
Si bien la mejora de las condiciones y prestaciones laborales de los trabajadores es un motivador para aumentar la productividad de nuestra economía dentro de un escenario mundial volátil y altamente competitivo, los cambios ya aprobados deben acompañarse de apoyos y programas, privados y gubernamentales, enfocados a la mejora de la productividad y eficiencia, de lo contrario el efecto positivo se perderá.
El salario mínimo, que en 2018 era de 88.36 pesos, hoy se encuentra en 207.44 pesos, un aumento de más de 118% en cinco años. Así, los sectores intensivos en mano de obra, como el de construcción, automotriz, turismo y comercio tendrán mayores afectaciones y retos. Además, los agresivos aumentos comienzan a presionar al alza los siguientes peldaños salariales de los negocios, orillando a las empresas a incrementar sus costos laborales para una mayor parte de la plantilla de lo presupuestado.
En cuanto a las pensiones, se acordó incrementar, de manera progresiva, las aportaciones patronales a partir del 2023, hasta alcanzar casi 12% en 2030 para quienes perciban más de 4.01 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Adicionalmente, el número mínimo de vacaciones se modificó a partir del primero de enero de este año. De acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin), la reforma a las vacaciones tendrá un costo estimado de 2% para las empresas.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el penúltimo país miembro en términos de productividad laboral. Un incremento de las cargas empresariales sin que las unidades económicas puedan solventarlas mediante una mayor eficiencia dañará directamente las cadenas de valor y la configuración productiva de industrias enteras.
Al tercer trimestre de 2022, de 57.4 millones de trabajadores del país, 23.2 millones estaban empleados en micronegocios, 8.4 millones en pequeños establecimientos; y 5.5 millones en medianos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Es decir, generan 64.6% del empleo del país y más de la mitad de su producción.
Dichas empresas cuentan con un menor volumen de ventas y flujos de efectivo, mayores barreras para la adquisición de financiamiento, plantillas laborales reducidas y con menor capacidad de sustitución, así como condiciones de infraestructura con menor resiliencia a efectos económicos prolongados. Además, no existen esfuerzos para que este tipo de negocios mejoren su pericia empresarial ni obtengan más información para planear estratégicamente el futuro inmediato.
Los riesgos no solo se limitan a una dimensión microeconómica, sino que pueden esparcirse a toda la economía. Con tantos incrementos de los costos laborales, las empresas podrían aumentar sus precios al consumidor final, alimentando a que la espiral inflacionaria persista o, incluso, que las expectativas de inflación comiencen a desanclarse y los precios elevados se vuelvan una constante en el mediano plazo.
Los incrementos salariales y la justicia social para los trabajadores deben ser defendidos a toda costa, pero nunca sin el acompañamiento gubernamental y la mejora de las condiciones de infraestructura, energía, costos, información y seguridad en las que están insertas las empresas. Es imprescindible encontrar un equilibrio para proteger a las empresas más vulnerables y pequeñas de la economía, fundamentales para la generación de millones de empleos y una buena parte de la producción nacional.
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Presidente de Consultores Internacionales, S.C.
