Esta semana se cumplirán 150 días de bloqueos ferroviarios en diferentes puntos del País, principalmente en los estados de Chihuahua y Michoacán. En ambos casos, se trata de manifestaciones de grupos sociales que, buscando hacerse escuchar, han decidido establecer campamentos sobre las vías hasta que las autoridades atiendan sus peticiones.
En México, el artículo 6° de la Constitución garantiza el derecho a la manifestación libre de ideas sin que esto sea objeto de ningún tipo de persecución o represalia, a menos que ello provoque algún delito, o perturbe el orden público. Ciertamente las solicitudes de los grupos sociales, como el de los campesinos de Meoqui en Chihuahua, son temas sensibles que demandan acciones de las autoridades; aun así, ocupar las vías del ferrocarril es un delito que está tipificado en la Ley de Vías Generales de Comunicación, castigado hasta con siete años de prisión.
Lo cierto es que como ya hemos advertido antes, en México la falta de Estado de derecho se ha convertido en uno de los principales obstáculos al crecimiento y desarrollo económico, la falta de seguridad y la falta de certeza jurídica evitan que las organizaciones operen en condiciones óptimas y se generen condiciones adecuadas para la gestación de nuevos proyectos productivos.
En Consultores Internacionales, S.C. estimamos que los bloqueos han representado costos a la economía de entre 12 mil y 15 mil millones de pesos cada año desde 2017 a 2019, mismos que podrían multiplicarse en 2020 varías veces más, a lo que hay que agregar los costos de robos, vandalismo, paros técnicos, entre otros más.
Está de más decir que detener las vías de comunicación entorpece la cada vez más mermada capacidad de reacción de la economía mexicana, lo que afecta inevitablemente en los costos de las empresas y en su posibilidad de mantenerse, de cumplir sus compromisos comerciales, de generar nuevos empleos, en ambos lados de la frontera.
Según datos del Departamento de Transporte de Estados Unidos (US DOT, por sus siglas en inglés), en septiembre de 2020 se registraron 57% menos cruces de trenes en la aduana fronteriza de El Paso, lo que derivó en el cruce de 82% menos contenedores llenos y 77% menos de contenedores vacíos.
En el caso de Lázaro Cárdenas, según las estimaciones de la Asociación Mexicana de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC) hay casi 5 mil contenedores, más de mil camiones, varios trenes y buques detenidos.
Los costos y efectos se distribuyen prácticamente a lo largo de toda la economía, los sectores que mayor demanda realizan de los servicios del ferrocarril, por valor, aunque no necesariamente por volumen, son el automotriz, derivados del petróleo y carbón, autopartes, matanza, empacado y procesamiento de carne, los relacionados a la construcción, y diferentes manufacturas como el acero, los productos químicos, entre varios otros más.
El 2020 ha sido uno de los años más complejos en la historia de México, la crisis sanitaria ha derivado en la crisis económica más profunda de los últimos 100 años y la recuperación dependerá en gran medida de la efectividad y productividad de cada uno de los factores que intervienen en la producción. Lamentablemente, una coyuntura originada por un impacto externo difícilmente encontrará la respuesta requerida desde el interior sin Estado de derecho, seguridad y el apoyo que requiere el sector privado para el desempeño de sus actividades.
La falta de acciones adecuadas por parte de las autoridades para mantener las vías ferroviarias libres para el tránsito, ha derivado en que esta práctica se haya normalizado y sea una manera efectiva para que los diferentes grupos sociales se hagan escuchar; sin embargo, los daños tienen efectos perversos, no sólo tienen poco impacto en su causa, sino que generan daños a la economía, principalmente a pequeñas y medianas empresas, mayor desempleo y contribuyen con un mensaje de incertidumbre a los diferentes actores económicos en México y el mundo, contribuyendo a la fragilidad económica y social del país.
