La semana pasada fue aprobado en la Cámara de Diputados el dictamen a la minuta que expide la Ley Federal de Austeridad Republicana y reforma las leyes General de Responsabilidades Administrativas, y la Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Esta ley define los criterios que servidores públicos y dependencias deberán seguir en materia de gasto público y establece claramente los conceptos de gasto que quedan prohibidos, tales como uso de telefonía celular, aeronaves, contratación de seguros de separación, regímenes especiales de retiro, entre otros más.
El objetivo subyacente es la generación de ahorros, que en su caso tendrán como destino el gasto en programas sociales, principalmente. Ciertamente, garantizar finanzas públicas sanas es una necesidad sentida, la disciplina fiscal y macroeconómica es un medio no un fin, es decir, se trata de contar con los recursos suficientes para ejecutar políticas públicas que deriven en impactos y beneficios para la población.
De acuerdo con el segundo informe trimestral de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el primer semestre de 2019 el gasto neto se ubicó en 2 billones 775 mil 727 millones de pesos, monto inferior al previsto en 174 mil 484 millones de pesos.
El ahorro público, al igual que el ahorro familiar, tiene como objetivo prever riesgos y gastos futuros. En ambos casos, implica una disminución del gasto presente, respecto de las posibilidades que los ingresos permitan.
En el estudio de la macroeconomía, el ahorro público no es un concepto usualmente asociado al bienestar de la población ni al de los sectores productivos, porque supone una coyuntura adversa. Aunque podemos coincidir con la austeridad republicada en gastos en exceso, no debemos permitir que el no gasto aporte al estancamiento económico, ya que esto se traduce en la no generación de ingresos.
Observamos que, según las estadísticas de finanzas públicas de la SHCP, uno de los componentes de gasto que mayores reducciones relativas ha sufrido en este año ha sido la inversión fija.
De manera comparativa, de enero a agosto de 2018, se realizaron inversiones del orden de 423.6 mil millones de pesos, mientras que en el mismo periodo de 2019 sólo por 373.4 mil millones de pesos. Hay sin lugar a duda una correlación con la caída en el sector de la construcción y en general del industrial, que llevan 11 meses al hilo con decrementos (medidos a tasa anual) en su producción.
También percibimos la formación de un círculo vicioso en la economía nacional, la disminución del gasto público, o ahorro si así prefiere denominársele, ha tenido efectos en el crecimiento público, más aún cuando el poco recurso que se ha inyectado a la economía, principalmente a través de gasto social, ha mostrado bajos efectos multiplicadores en el ingreso y la generación de empleos, lo que a su vez ha repercutido también en la disminución de los ingresos tributarios.
Resulta indispensable hacer un replanteamiento de la política de gasto; por supuesto, celebramos los grandes esfuerzos por cancelar gastos excesivos e innecesarios y coincidimos con la determinación de priorizar el desarrollo de los grupos más vulnerables. No obstante, consideramos que ahorrar por ahorrar o no gastar por no gastar es una sinrazón. La creación de empleos dignos, formales, asociados a mayores ingresos, la inversión en productividad y desarrollo de capacidades, son elementos básicos que no pueden desestimarse.
Los sectores productivos de este país tienen la capacidad de generar cambios significativos en el desarrollo económico y social, pero para ello resulta indispensable propiciar un mayor dinamismo y estabilidad.
En momentos de una desaceleración económica, prácticamente en todo el mundo, las políticas públicas de fortalecimiento interno, a través de un gasto público eficiente, cobran mucho mayor sentido.
Presidente de Consultores
Internacionales, S.C.
