El 26 de noviembre se presentó el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado 2020-2024 (ANIISP), compuesto por 147 proyectos e involucrando más de 859 mil millones de pesos (42 mil 951 mdd); en principio, es una buena señal hacia los mercados, pero en sí, ¿qué es y cuál es su objetivo y será suficiente para alcanzarlo?
El ANIISP es un convenio con la iniciativa privada para facilitar y acelerar la implementación de proyectos en infraestructura, principalmente en transporte (283.9 mil mdp) y en turismo (252.8 mil mdp) que representan 62.5% del total.
Le secundan telecomunicaciones (118.1 mil mdp), agua y saneamiento (46.5 mil mdp), salud y otros (9.3 mil mdp).
En el Acuerdo de mediano plazo, 2020 es el más importante con una inversión de 431.3 mil mdp equivalentes a 2.3% del PIB del año 2018; en 2021-2022 será por 256 mil mdp y 2023-2024 por 171.7 mil mdp. La inversión privada anunciada para 2020 es inferior a la realizada por el gobierno federal en 2018 por un monto de 617.7 mil mdp, equivalente a 2.6% del PIB.
Los proyectos más numerosos son en el mantenimiento y terminación de carreteras (42 proyectos), ferrocarriles (ocho), puertos (22) y aeropuertos (29).
Entre los más destacados están la planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa (20 mil mdp), la planta desalinizadora en Playas de Rosarito, Baja California (10.6 mil mdp) y la inversión de cadenas hoteleras en 17 destinos turísticos (100 mil mdp).
En principio, un primer objetivo ya se cumplió: enviar señales positivas a los mercados sobre la conciliación del gobierno con el empresariado nacional y la confianza en el respeto a los contratos y concesiones. No obstante, si su finalidad es revertir el estancamiento de la economía éste sería un estímulo insuficiente por dos razones: la baja inversión en el sector energético-eléctrico que abona a la incertidumbre generada y la consistente caída en inversión física del sector público.
En el caso del primero, vale recordar la entrada de CFE a participar en los CELs les ha quitado el interés por seguir invirtiendo en energías limpias al sector privado; el desempeño operativo y financiero de Pemex, y la ausencia de farmouts, por mencionar algunos ejemplos. En el segundo, destaca que la inversión física realizada a septiembre de 2019 es la más baja de los últimos 15 años como proporción del gasto programable.
Se anticipa que para el PEF 2020 haya una caída en inversión física de entre 5% y 6% respecto a 2019. Por ello, es necesaria la complementariedad de la inversión pública para que la inversión privada impulse proyectos de mayor impacto local y regional.
En adición a lo anterior, el ANIISP no puede entenderse como un sustituto de la inversión pública y es por ende responsabilidad del gobierno federal impulsar el Plan Nacional de Infraestructura (PNI) para identificar cómo se abonan dichas inversiones a este eje rector.
El referente próximo de un plan de esta magnitud está en el PNI 2014-2018 donde se estimó una inversión global por 7.75 billones de pesos esperando una participación aproximada de 37% de la iniciativa privada (equivalentes a 2.86 billones de pesos, más de tres veces lo anunciado en el ANIISP). Vale destacar que poco más de 50% de las inversiones se proyectaba en el sector energético-eléctrico.
Hasta ahora se sabe del Plan Nacional de Infraestructura Carretera 2018-2024, con una inversión estimada en 30 mil mdp destinada al mantenimiento de carreteras federales y caminos rurales; sin embargo, es impreciso el rumbo en desarrollo urbano y vivienda, en turismo, así como en oportunidades para la industria eléctrica-energética. Por ello, se necesita un plan integral y con visión holística, las inversiones privadas ya anunciadas y los esquemas de colaboración conjunta en otros sectores económicos.
En síntesis, el reciente acuerdo con la iniciativa privada es una buena señal para la colaboración conjunta del empresariado mexicano con el gobierno federal y habrá que ir monitoreando que dichas inversiones se realicen.
Empero, en el corto plazo la falta de acompañamiento de la inversión pública en infraestructura limita la capacidad de revertir el estancamiento económico para 2020. En el mediano plazo, la ausencia de un Plan Nacional de Infraestructura resta certidumbre en el rumbo económico del país.
Presidente de Consultores Internacionales S.C.
