En diciembre de 2018, prácticamente en buena parte de la población se tenían grandes expectativas sobre el futuro desempeño económico México. La toma de posesión del Presidente López Obrador marcaba el inicio de una transición y la promesa de mejoras significativas, principalmente para personas en situación vulnerable. Con esa idea, el Presidente y su equipo de trabajo presentaron la Ley de Ingresos, que pasó prácticamente sin cambios. De la lectura de dicho documento, se observa, a la luz de más de un año de distancia, que prácticamente todas la previsiones realizadas fallaron. Por ejemplo, a la letra puede leerse lo siguiente: “para la economía mexicana se prevé un crecimiento real del PIB en 2019 de entre 1.5 y 2.5% anual” (sic).
La sobreestimación de la dinámica de la actividad económica trajo aparejadas varias consecuencias, principalmente, la captación tributaria esperada no se cumplió, lo que comprometió las finanzas públicas.
La ley de ingresos estimaba que por concepto de impuestos ingresarían 3 mil 287.6 mil millones de pesos, al cierre del año, el dato observado fue 2.6% menor, quedando en 3 mil 202.6 mil millones, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Prácticamente, todos los impuestos considerados en la Ley de Ingresos, excepto el IEPS a diesel y gasolina registraron valores por debajo de lo estimado. No sólo fallaron las previsiones, también se recaudó menos que en 2018, tanto el ISR, el IVA, el IEPS distinto a diesel y gasolina y el impuesto a la importación, registraron tasas de crecimiento negativas en 2019, asociado a la baja de la actividad económica.
El objetivo de la recaudación es financiar el quehacer del gobierno a través de gasto público. Dados los principios de austeridad republicana que en términos del comunicado oficial asociado “no es una contracción del gasto gubernamental, sino una reorientación del mismo hacia las personas que menos tienen”, era clara la redistribución del gasto hacia el desarrollo social. Así, mientras que en 2018 dicho concepto concentraba 60% en 2019 fue del orden de 63%, cerca de 230 mil millones de pesos más.
Si observamos la composición del gasto de desarrollo social, los rubros que tuvieron mayor crecimiento fueron “Protección Social” y “Otros Asuntos Sociales”, en los que se ubican los programas sociales como “Jóvenes Construyendo el Futuro” y otros prioritarios para esta administración. Es evidente que para México, el desarrollo social es una prioridad, los más de 50 millones de pobres son muestra de ello. No hay fórmulas establecidas, pero si queda claro que se trata en todos los casos de gastar bien, no obstante, se ha privilegiado un gasto que tiene pocos efectos en la creación de valor agregado y se desestimó aquel que teóricamente tiene mayores efectos multiplicadores.
En suma, se requiere más allá de gastar más, hacerlo eficientemente, buscar por supuesto el aumento del bienestar, pero también enfocar el gasto hacia aquellos elementos que ofrecerán un retorno para la sociedad, esto traducido en empleos, en inversiones, en infraestructura y en certidumbre.
México requiere un gasto público que tenga este enfoque, que fomente el crecimiento económico que contribuya a disminuir las brechas regionales, que impulse a los diferentes sectores estratégicos para el país, porque es de esta forma que se puede dar una mayor atención a los problemas que la sociedad enfrenta sistemáticamente.
Presidente de Consultores Internacionales, S.C.
