El pasado 26 de marzo, la agencia calificadora Standard and Poor’s (S&P) recortó la calificación soberana de largo plazo en moneda extranjera, pasando de BBB+ a BBB, y en el caso de la de largo plazo en moneda local, pasó de A- a BBB+.

Básicamente, esta decisión se debe a los efectos esperados del Covid-19 y de la disminución internacional de los precios del petróleo, sendos elementos que se abonan a la debilidad en el crecimiento económico, mostrada en los últimos años.

S&P

advierte en su comunicado de prensa que en los siguientes 12 a 24 meses podría realizar un nuevo ajuste a la baja, debido principalmente a dos posibilidades esperadas: 1) “una irregular o ineficaz ejecución de políticas que debiliten a las finanzas públicas”, y 2) “mayores pasivos contingentes fuera del presupuesto”.

La calificadora considera que tanto los dos shocks externos (el Covid-19 y los precios del petróleo) son un desafío para las finanzas públicas del país, en tanto que hay una “estrecha base tributaria no petrolera”.

Ciertamente, hemos observado que los ingresos petroleros del sector público pasaron de 35% del total de los ingresos presupuestarios en 2010, a únicamente 18% en 2019. Si bien los ingresos tributarios se han ajustado, pasando de aportar 43% de los ingresos presupuestarios en 2010 a 59% en 2019, el verdadero problema es que en los últimos tres años han reducido significativamente su crecimiento.

En 2019, debido a la contracción de la economía, observamos una disminución real en la recaudación de ISR, IVA, impuestos a la importación y otros impuestos, con excepción del IEPS y curiosamente de los impuesto por la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos.

Considerando los efectos de la crisis sanitaria y económica actual, la mayor parte de los especialistas han realizado pronósticos del desempeño del PIB en 2020 que van entre -2% y hasta -7%, en algunos escenarios más catastróficos. S&P estima una tasa del orden de -3%. En todo caso, cualquiera de estos resultados permite inferir una menor recaudación, que sumada a los bajos precios del petróleo, las presiones al gasto por temas sociales, de salud y económicos, seguramente ampliarán el déficit general y posiblemente la deuda.

¿Qué podemos esperar? Tanto para México como para Pemex adquirir créditos será más caro y complicado. Las tasas de interés a las que deberán enfrentarse serán más altas y las penalizaciones más agresivas, lo que como ya mencionamos, en una situación con ésta, no es una buena noticia, considerando que se podría requerir esa liquidez para sortear la crisis.

Por otro lado, hemos visto cómo la divisa mexicana se ha depreciado desde el 8 de marzo en adelante y aunque notamos una ligera recuperación, luego del comunicado de S&P hubo un nuevo retroceso. La debilidad del peso, si bien podría ser un elemento que beneficie a los exportadores, ante la baja demanda generalizada en todo el mundo, tendrá efectos mínimos, por otro lado, los productos de importación podrían encarecerse, desde productos agrícolas como el maíz hasta productos tecnológicos, servicios especializados, bienes intermedios y de capital, lo que sin duda tendrá impacto en la inflación y en los costos de producción y manufactura.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se enfrenta a uno de los más grandes desafíos que tendrá en su gestión, en un contexto en el que el sector empresarial está presionado, con incertidumbre e incluso notablemente molesto. México requiere reactivar la economía a través de la inversión, el gasto público y el consumo; sin embargo, estas tres variables están hoy más comprometidas que nunca.

Si bien las acciones de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud para detener la pandemia en México podrían ser cuestionables, lo cierto es que al menos en ese terreno observamos un liderazgo fuerte y sólido, que desde su campo de acción busca transmitir certidumbre en medio de la crisis. Sin embargo, no vemos lo mismo desde el punto de vista económico.

La iniciativa privada, desde diferentes frentes han realizado una serie de propuestas de incentivos económicos y fiscales para las empresas, con el objetivo de mantener el empleo y el funcionamiento de las empresas, que hasta el momento han sido al menos desoídas. La fortaleza en el sector social del Presidente también se ha visto comprometida: las encuestas de aprobación van a la baja desde hacia varias semanas.

Es imperativo que el Ejecutivo y su gabinete tomen medidas adecuadas, cautelosas y bien estudiadas para revertir esta situación; de lo contrario, estamos al borde del abismo y a punto de dar un paso adelante.

Presidente de Consultores Internacionales, S.C.

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