Hace 75 años , delegados de 50 países, entre ellos México, se reunieron en la ciudad de San Francisco para redactar la Carta de las Naciones Unidas . El documento fundacional sigue siendo el eje rector de la Organización . Siempre será oportuno recordar la consistencia existente entre algunos de los conceptos enunciados en la Carta y nuestros principios constitucionales de política exterior.
Un propósito claro de este gobierno ha sido estrechar la colaboración con la ONU y dar mayor congruencia a la relación entre la política interna y la política internacional, señaladamente en el ámbito multilateral. La Cancillería mexicana ha sido el conducto para hacerlo. El secretario Ebrard instrumenta eficazmente la política exterior del país.
Caminar al lado de la ONU tiene ventajas e implica compromisos. En este año, emblemático y singular, se han asumido ambas con plena convicción. Podemos contar los avances y también los nuevos desafíos por asumir.
Se acreditó ante la ONU el Centro de Entrenamiento Conjunto para las Operaciones de Paz en México , fortaleciendo con ello la participación de nuestro país y ampliando la presencia de las mujeres en estos temas. Fuimos electos para formar parte del Consejo de Seguridad en 2021-2022, con 187 de 192 votos posibles. Simultáneamente, en una circunstancia inédita para México, fuimos electos para formar parte del Consejo Económico y Social. En el último año, hemos participado, como país o con candidaturas de connacionales a título personal, en cerca de 30 procesos electorales dentro del sistema de las Naciones Unidas. Todos se han ganado.
La pandemia por COVID-19, con sus trágicas y lamentables consecuencias, permitió llevar a la Asamblea General de la ONU la iniciativa del presidente López Obrador, para que hubiese medicamentos y vacunas accesibles para todos los países. La resolución presentada por México ha sido, históricamente, la que mayor respaldo ha obtenido: contó con el copatrocinio de 179 países y finalmente fue adoptada por unanimidad.
Convenimos con la UNOPS (la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos) el convenio de mayor alcance que se haya registrado hasta ahora para la adquisición de medicamentos e insumos para la salud, el cual se complementa con otro de menor escala (pero no de menor importancia) con la OPS/OMS. Con ello, se dará transparencia total a las licitaciones, de conformidad con las mejores prácticas internacionales. Asimismo, se han hecho gestiones oportunas para estar cerca de los diversos desarrollos de vacunas y tratamientos que seguramente serán exitosos en la lucha contra el CoV-SARS-2. Aún no hay nada seguro para nadie, pero México está presente.
Un hecho reciente que me parece también de la mayor importancia, muestra el compromiso irrevocable de este gobierno con la defensa de los derechos de las víctimas de desapariciones forzadas. A iniciativa del Presidente de la República, el Senado mexicano reconoció formalmente la competencia del Comité de la ONU en la materia. Dicho reconocimiento permitirá al Comité recibir y examinar las quejas presentadas por las presuntas víctimas de violaciones a estos derechos. La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por parte del Estado , fue adoptada desde diciembre de 2006 por la Asamblea General de la ONU . En ella se establece la creación de un Comité de expertos independientes, para vigilar el cumplimiento de la protección a la que tienen derecho las víctimas de tales delitos. México ratificó la Convención en 2008, pero no había reconocido la competencia del Comité sino hasta ahora.
Las desapariciones en México han alcanzado cifras alarmantes. Según la Segob, se han reportado más 70 mil personas desaparecidas en los últimos 14 años y se han identificado casi 4 mil fosas clandestinas. Muchas de estas desapariciones son o pueden ser calificadas como desapariciones forzadas. Sobre todo cuando ocurren después de un arresto, una detención, un secuestro u otra forma de privación de la libertad por parte de agentes del Estado, o por otros actores que actúan con autorización o apoyo de éste, independientemente de que dichos actos hubieran podido tener algún sustento legal.
Entre las competencias conferidas por la Convención al Comité se encuentran: la de examinar los informes presentados por los Estados que han suscrito el Tratado, así como la de enviar comunicaciones urgentes o solicitar visitas cuando se cuente con información fehaciente de que se han cometido violaciones a los compromisos contraídos en la Convención. Pero lo que faltaba era que el Estado involucrado (México en este caso), aceptara formalmente que el Comité pudiera recibir y examinar directamente las quejas de quienes aleguen ser víctimas de este tipo de violaciones.
La naturaleza del Comité, como mecanismo internacional no jurisdiccional, ofrece la ventaja de no requerir que se agoten los recursos disponibles en el país (básicamente, el proceso penal y el juicio de amparo), para poder ejercer su competencia. Una vez examinadas las quejas de las posibles víctimas, el Comité debe darles cabal seguimiento hasta que se agote el proceso. Se trata pues, de una vía adicional de justicia para las víctimas de desapariciones forzadas y para los familiares de las personas desaparecidas.
México adquiere así otro compromiso para rendir cuentas ante las propias víctimas, pero también ante la ONU. De nuevo, transparencia y rendición de cuentas, en este caso, ante hechos inadmisibles en los que es preciso identificar responsables y reparar el daño.
En cuestión de días, habrá de iniciar la 75 Asamblea General de la ONU. Todo estará eclipsado por la pandemia del COVID-19. Los debates y las conmemoraciones serán virtuales. Las Cumbres sobre temas ambientales, equidad de género y desarme nuclear también serán por vía remota. La ONU ha aconsejado que, este año, no asistan delegaciones de las capitales ni observadores. El acceso a las salas estará muy restringido. Un brote del virus en el seno de la Asamblea General sería de graves consecuencias para todos. Hay que hacer hasta lo imposible para evitarlo.
