A seis meses de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara que un nuevo virus denominado COVID-19, constituía una Emergencia Internacional de Salud Pública, el saldo es devastador: casi 18 millones de casos confirmados y cerca de 700 mil muertos. Son cifras conservadoras toda vez que, desde el inicio hubo un subregistro importante, así que seguramente los casos reales son más que los reportados.
El resurgimiento de casos en lugares donde se creía controlado y la aparición de nuevos epicentros obligan a las autoridades sanitarias, nacionales e internacionales, a reforzar las medidas preventivas que han mostrado ser, al menos parcialmente efectivas, en los lugares en las que se han aplicado con mayor rigor, a saber: mantener el distanciamiento físico, lavarse las manos varias veces al día, evitar concurrir a lugares cerrados, usar cubrebocas, mantener en cuarentena a los casos sospechosos, aislar a los casos confirmados, rastrear a quienes han estado en contacto con ellos, hacer pruebas en aquellos que pudieran resultar sospechosos aún sin síntomas, iniciar el tratamiento tempranamente, vigilar de cerca a las personas con factores de riesgo, asegurar la disponibilidad de camas hospitalarias y el equipo médico necesario para los casos más graves, limitar los viajes en lo posible, proteger al personal de salud y a otros prestadores de servicios considerados como esenciales, etcétera.
Claro está que no siempre pueden aplicarse todas estas medidas simultáneamente, pero en todo caso, eso es lo que la experiencia internacional nos ha dejado hasta ahora. Creo que conviene acoger dicha experiencia con sentido crítico, reconociendo sus limitaciones, pero en actitud receptiva, porque seguimos aprendiendo. Si todo esto lo anterior lo hubiésemos tenido claro y lo hubiéramos puesto en marcha desde el primer día, otro habría sido el saldo, aun cuando una vez que empezara a circular el SARS-CoV-2, la pandemia era inevitable.
El confinamiento individual y colectivo, la suspensión de buena parte de las actividades productivas, el cierre de ciudades enteras y de fronteras, el aislamiento, las apremiantes necesidades de subsistencia de millones de personas, la angustia ante la incertidumbre y el miedo a la muerte, han dejado al desnudo un sistema que dejó de ser operante y un estilo de vida lleno de espejismos. Los saldos económicos, políticos y psicosociales de la pandemia son incalculables.
La solución técnica, desde la perspectiva sanitaria, llegará con las vacunas. Pero desarrollarlas en tiempo record (como será el caso) no es solución en si misma. Miles de millones de vacunas serán necesarias para cubrir las necesidades mundiales. ¿En cuanto tiempo se podrán tener, a qué costo, cómo se van a distribuir? Son sólo algunas de las preguntas que urge responder y prever, en la medida de lo posible. Mucho es lo que está en juego: vidas humanas, ante todo, pero también esta en juego el poder global y económico. Como en las guerras. No hay pues que extrañarse si, ante la carrera, surge también una batalla por la vacuna contra el virus. ¿O acaso ya comenzó? Me parece que la disyuntiva es bastante clara: o prevalece la cooperación internacional sustentada en valores solidarios (y para eso están los mecanismos multilaterales) o el asunto irá adquiriendo cada vez más un perfil de tema bélico. Si la vacuna se convierte en un nuevo instrumento de dominación, habrá un ganador (o unos cuantos) y muchos perdedores (todos los demás).
Es en ese contexto que adquieren particular relevancia las resoluciones adoptadas hasta ahora por la ONU. Una de ellas fue a iniciativa de México, que acabó siendo copatrocinada por 179 países y luego adoptada por unanimidad (bajo el procedimiento del silencio) por la Asamblea General el pasado 20 de abril: “Cooperación Internacional para garantizar el acceso mundial a los medicamentos, vacunas y equipo médico para hacer frente al COVID-19”. Otra, más reciente (1 de julio) fue adoptada por el Consejo de Seguridad, y aunque toca el tema solo de manera colateral, es vinculante y llama a las Naciones Unidas a “hacer frente a la pandemia en los países que se encuentran en situaciones de conflicto armado o están afectados por crisis humanitarias”
La resolución presentada por México, surge a raíz del planteamiento que hiciera el presidente López Obrador al G-20 el 26 de marzo, en etapas tempranas de la pandemia, para que fuera la ONU precisamente, la que interviniera a fin evitar la especulación y garantizar que todos los países tuvieran igualdad en el acceso a medicamentos y vacunas. Conviene recordar que el 15 de julio pasado (casi 4 meses después), los Jefes de Estado de Canadá, Corea, España, Etiopía, Nueva Zelanda, Suecia, Sudáfrica y Túnez hicieron público un manifiesto en la misma línea, señalando que la comunidad internacional debería garantizar igualdad en el acceso a la vacuna contra COVID-19. Empezaron su alegato con una aseveración contundente, que es muy cierta y conviene mantener presente: nadie estará seguro hasta que todos estemos seguros.
Al interior de la ONU la agenda gira en torno a la pandemia: los reiterados llamados del Secretario General al cese al fuego y la solidaridad internacional, la importancia de la OMS (bajo acecho en momentos tan críticos), la protección urgente que requieren los grupos más afectados (empezando por las mujeres, víctimas del aumento de la violencia intrafamiliar por el confinamiento), los ajustes que requieren los operativos para el mantenimiento de la paz (las tensiones aumentan y los involucrados se encuentran más expuestos al contagio), la posibilidad de una Asamblea General específica para abordar el tema bajo una agenda integral (con la oposición de las grandes potencias), los efectos en la economía global y las finanzas (incluidas las de la propia Organización) y el reforzamiento de los objetivos para el desarrollo sostenible (cuyo rezago seguramente será mayor), entre otros temas. Pero la gran expectativa gira en torno a las vacunas: y ya hablaremos de ello.
Pd.
Felicitaciones a EL UNIVERSAL por su renovación en formato y contenidos.
Embajador de México en la ONU
