Desde que México fue electo como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2021-2022, señalamos que sería prioridad promover e impulsar la labor preventiva de dicho órgano. Muchas —si no es que todas— de las amenazas a la paz y la seguridad internacionales que han escalado hasta llegar a la atención del Consejo, pudieron ser prevenidas o contenidas para disminuir sus consecuencias. Es claro que se requiere de un cambio de estrategia, de visión y de convicción por parte de los miembros del Consejo de Seguridad (electos y permanentes) para que éste deje de ser un órgano gestor de crisis y en cambio ponga mayor atención en las causas de los conflictos: tratar de atajarlos desde la raíz.
Dada su vocación profundamente pacifista y fundamentada en el respeto al estado de derecho, México impulsó, durante su primer año en el Consejo, esta perspectiva de diplomacia preventiva. La estrategia ha tenido resultados tangibles.
Una con condición clave para ello fue que México asumiera el ejercicio de la presidencia del Consejo en noviembre del año pasado. Además de desahogar los temas que forman parte de la agenda cotidiana de trabajo, se llevaron a cabo tres eventos, en formato de debate abierto, que fueron emblemáticos de la presidencia mexicana.
El primero, titulado “Exclusión, desigualdad y conflictos”, fue conducido por el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y contó con la participación del Secretario General de la ONU, António Guterres, y de la abogada ecuatoriana Lourdes Tibán, quien en calidad de experta independiente dio voz a la sociedad civil y, en particular, a la experiencia de los pueblos indígenas. A instancia de México, el Consejo de Seguridad reflexionó sobre la necesidad de reconocer que la marginación, la pobreza y la corrupción son generadores de conflicto, agravan los ya existentes y dificultan su solución. Como lo dijo el Presidente, es hora de atender las causas y no sólo las consecuencias.
En el contexto de esta reunión, el Consejo de Seguridad adoptó por unanimidad una declaración presidencial (documento S/PRST/2021/22) cuyo texto fue propuesto por México. La negociación fue coordinada por Sylvia Paola Mendoza, Segunda Secretaria, de sólida formación académica y probada destreza diplomática. En dicho documento, el Consejo reafirma que el desarrollo, la paz, la seguridad y los derechos humanos están interrelacionados y se refuerzan mutuamente. También se señala de modo explícito que la exclusión y la desigualdad pueden incidir como factores agravantes en las situaciones de las que se ocupa. Más aún, el Consejo de Seguridad puso de relieve “la importancia de que se adopte un enfoque amplio para sostener la paz, que permita prevenir los conflictos y considerar sus causas profundas, fortalecer el estado de derecho en los planos internacional y nacional, promover el crecimiento económico sostenido y sostenible, la erradicación de la pobreza, el desarrollo social, la reconciliación nacional y la unidad, a través del diálogo inclusivo y la mediación en agravios motivados por diferencias religiosas, étnicas, raciales o de otra índole, el acceso a la justicia y la justicia de transición, la rendición de cuentas, la buena gobernanza, la democracia, la igualdad de género y el respeto y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales.” El lenguage adoptado fue claro y enfático, en un contexto en el que hubo reticencia por parte de dos miembros permanentes del Consejo de voltear la mirada hacia la prevención. Más allá del zumbido mediático de quienes han perdido objetividad en sus análisis a fuerza de ejercer la descalificación como principio, el alcance de esta declaración no es menor. Se trata de un documento oficial del Consejo de Seguridad de la ONU.
Misión Permanente de México ante la ONU.
