Llegué a reportear a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa unos días después de aquella infausta noche del 26 de septiembre de 2014 (y de la espantosa madrugada del 27), cuando 43 estudiantes fueron interceptados por policías municipales de Iguala, y en complicidad con agentes policiales de Cocula y Huitzuco, entregaron los jóvenes a sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los dividieron en grupos, los asesinaron, y quemaron sus cuerpos.
Los desaparecieron.
¿Por qué? De acuerdo a lo que pude indagar durante meses, la desgracia se consumó por varios factores:
1.- La mañana de aquel viernes 26 de septiembre un comando de un grupo rival, Los Rojos, penetró a Iguala procedente de Chilpancingo y atacó la casa de unos hermanos, ambos miembros de Guerreros Unidos, justo donde tenían en un car wash. Aparentemente la intención era acribillar a uno o ambos, pero los sicarios invasores fracasaron.
Por la noche, halcones de Guerreros Unidos alertaron a los jefes de plaza de una supuesta segunda incursión de sicarios de Los Rojos, que viajarían en autobuses, mezclados con “Ayotzinapos”, como les decían despectivamente a los jóvenes estudiantes.
Nerviosos y paranoicos (así son), los narcos no confirmaron la versión, y siendo viernes de chelas, buchonadas y drogas, reaccionaron de forma desmedida coordinada contra cualquier autobús que les pareciera sospechoso, y por eso agredieron equivocadamente al vehículo del equipo juvenil Los Avispones de Chilpancingo y mataron a dos personas adicionales a los 43. ¿Cómo hicieron todo eso? Con sus empleados, los policías municipales, sus delincuentes con placas: ya sabe usted, la ley narca, plata o plomo.
2.- Simultáneamente, otro sujeto que aparentemente padecía paranoia, que ya había sido imputado por presuntos vínculos con grupos criminales (y como presunto asesino de al menos un activista social), el alcalde del PRD, José Luis Abarca, fue mal informado por su jefe policial, Felipe Flores, de que los estudiantes se dirigían rumbo a un acto de su mujer, María de los Ángeles Pineda, quien esa tarde-noche rendía un informe como presidenta del DIF y había armado un bailongo, el cual los chavales supuestamente intentarían sabotear. La orden fue interceptar sus autobuses, porque ya se habían producido incidentes previos entres estudiantes y gente del alcalde.
3.- Al mismo tiempo, presuntamente Guerreros Unidos tenía un autobús cargado de droga que se dirigiría hacia Estados Unidos y otros sicarios creyeron que, al llegar a Iguala, los jóvenes lo habían secuestrado en una terminal camionera. Sobre esta versión, la del famoso “quinto camión”, siempre he tenido mis dudas, pero bueno, existe.
4.- El Ejército sí sabía todo (absolutamente todo) lo que ocurría aquella noche y madrugada, pero… no intervino. Como lo he publicado aquí y lo vuelvo a recrear, lo sé porque tuve la oportunidad de reportearlo, documentarlo, y el 26 de enero de 2015, cuatro meses después de la tragedia, publiqué las bitácoras militares de aquella infame noche, enriquecidas con testimonios de soldados y civiles que habían estado en los lugares de los hechos.
En ese entonces yo era reportero de Asuntos Especiales de Grupo Milenio y, junto a Carlos Marín (a la sazón Director Editorial), indagué el asunto. Cada quien reporteó fuentes (él las suyas, fundamentales), y decidió que yo redactara y firmara los textos: el segundo escrito se publicó el 25 de febrero, y el tercero ocho meses después, el 2 de octubre del 2015.
¿Qué se asentaba en las bitácoras, en los partes del Ejército? Lo que hicieron los soldados del 27 Batallón de Infantería de Iguala, paso a paso, cada hora, muchas veces cada minuto. La noche de aquel viernes la mayor parte de los militares estaba franca y en el cuartel solo permanecían de guardia 23 elementos, así como una Fuerza de Reacción compuesta por 21 soldados y 41 elementos de personal administrativo, entre cocineros, meseros, oficinistas y mecánicos.
De acuerdo con información a la que tuve acceso, así como testimonios recabados con algunos oficiales y elementos de tropa del 27 Batallón, los militares estaban al tanto de lo que estaba aconteciendo, de las agresiones a balazos contra los jóvenes normalistas, ya que la mayor parte de éstas ocurrió a una distancia de dos kilómetros en línea recta del cuartel, y había soldados desplegados en las calles que se percataron de lo que ocurría, además de que, de tiempo atrás, tenían control del llamado C4, es decir, el centro de monitoreo de la ciudad a través de cámaras de vigilancia y frecuencias radiales.
Al inicio de los hechos el entonces secretario de Seguridad Pública del municipio, el mencionado Felipe Flores, mintió a los mandos militares: vía telefónica dijo que no tenía conocimiento de ningún incidente con estudiantes de Ayotzinapa, y a pregunta expresa del comandante del Batallón, José Rodríguez Pérez, negó que él o sus hombres hubieran detenido normalistas. Luego se documentó, como ya teclee, que sus policías, otros de Cocula y unos más de Huitzuco, capturaron a los estudiantes y los entregaron a criminales del cártel Guerreros Unidos, ya que pensaban que junto con los normalistas venían mezclados sicarios de su grupo rival, Los Rojos.
LA NOCHE DEL EJÉRCITO
¿El Ejército pudo haber intervenido? Sí, pero había un pequeño problema legal para eso: si los soldados intervenían en aquellos hechos, en las detenciones y balaceras contra jóvenes a manos de policías, tenían que haberlo hecho del lado… de la autoridad legal y constitucionalmente establecida. Es decir, los soldados tenían que haber apoyado a plomazos a los policías contra los estudiantes y acaso trepar a sus camiones militares a los detenidos. Y ahí sí, vaya lío del que estaríamos hablando hoy.
En el país, en algunas zonas con fuerte presencia del narco, donde hay destacamentos militares, como es el caso de Iguala, a veces surgen rumores de que algún mando recibe dinero de los criminales para que sus tropas los dejen hacer. En el caso Ayotzinapa asumo que la FGR habrá indagado tal vertiente: cómo estaban las finanzas y los bienes de los oficiales que estaban al frente del Batallón. Y si tienen pruebas de su colusión con los narcos locales, asumo que por ello habrán conseguido órdenes de aprehensión y los detendrán.
Lo cierto es que, digan lo que digan activistas (tuitear o boletinear no cuenta como pruebas en un expediente), hasta ahora no hay una sola evidencia que haya sido exhibida en el sentido de que las Fuerzas Armadas participaron en la agresión, detención, ejecución y desaparición de los normalistas. Ni una.
Pero sí fue un crimen de Estado, como teclee desde entonces, porque un gobierno municipal y tres fuerzas policiales de tres municipios, las cuales forman parte de instituciones del Estado, participaron activamente, junto a criminales, en la desaparición de los jóvenes.
Imagine usted que eso sucediera en tres condados de Estados Unidos, que el alcalde de la tercera ciudad en importancia de un estado, y las policías de dos condados aledaños, atacaran, detuvieran, y entregaran a la mafia a 43 estudiantes de una escuela pública, por ejemplo en Misuri.
En fin. Reconfirmada la esencia de lo detallado aquí en el reciente informe de Alejandro Encinas, ¿ya van a dejar en paz a los padres de los normalistas con su inconmensurable dolor, o de forma infame van a seguir lucrando todos con su tragedia?
Ya párenle, políticos, funcionarios y activistas, tengan piedad, no sean canallas.
BAJO FONDO
El ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, detenido este viernes, es imputado por los delitos de “desaparición forzada”, “tortura” y “contra la administración de justicia” en el caso Ayotzinapa, según informó la FGR.
¿Tortura? Ojalá tengan videos que acrediten esos actos, al menos audios que documenten fehacientemente las actividades en las supuestas mazmorras donde operaba, para que el presunto torturador pague, pero si se trata de otro circo mediático como el del caso Lozoya en Pemex, menudo ridículo hará otra vez el fiscal Alejandro Gertz Manero.
¿Desaparición forzada? Ese cargo sí que suena espectacular: ¿Murillo Karam era parte de un cártel que levantaba ciudadanos, o desaparecía gente como el Ejército lo hacía por órdenes civiles en los años 60 y 70 contra guerrilleros y disidentes? Suena fabuloso que semejante delincuente pague, pero, como no tenga sustento tal acusación… otro ridículo infame hará Gertz Manero.
Lo de obstruir la justicia es un señalamiento igualmente poderoso porque implicaría que el señor Jesús “M” era todo un delincuente que desaparecía, ocultaba, o manipulaba evidencias. Ojalá la refundan y pague sus fechorías, pero… como sea una tercera pista de circo para satisfacer sedes de venganza de los políticamente correctos, qué jodido quedará, una vez más, el Estado de Derecho en este país.
El gran error de Murillo fue su insolencia no gobernada aquel día, el 27 de enero de 2015: usted recordará que, al hacer una presentación del caso ante la prensa, se le ocurrió proferir aquello de “esta la verdad histórica de los hechos”.
Vaya ínfulas. ¿Qué le costaba un poco de sobriedad para informar escuetamente que esos eran los hechos documentados “hasta el momento” y que seguirían indagando? ¿Qué le costaba tener una pizca de empatía con los padres de los familiares?
Uno es rehén de lo que dice. Qué monumental secuestro de palabras.
jp.becerra.acosta.m@gmail.com
Twitter: @jpbecerraacosta