Después de los comicios del 2018, cuando en las encuestas post electorales se les preguntó a los ciudadanos acerca de sus razones para votar por Andrés Manuel López Obrador, en primer lugar apareció una sola respuesta: por la corrupción.
Para que combata la corrupción. Esa fue la razón fundamental del arrollador triunfo del hoy Presidente: la gente que votó por él estaba harta, hartísima de la insolencia con la que la casta priista (y también panista) había abusado del poder, de todos los poderes, para enriquecerse impúdicamente, y quería que eso desapareciera, que la corrupción fuera combatida de forma contundente y eficaz en un país con más de la mitad de la población en pobreza y una insultante desigualdad.
Una pequeña muestra de aquellos excesos del poder, de los vínculos que podía haber entre el poder político y el poder económico, y que podían llevar a descarados actos de corrupción, o a decisiones de gobierno que derivaban en tráfico de influencias que generaban privilegios económicos, fue el informe que, a finales de septiembre de 2019, preparó la organización de la sociedad civil llamada Fundar sobre lo acontecido durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en cuanto a privilegios fiscales (https://privilegiosfiscales.fundar.org.mx/): fueron 745 mil 78 millones de pesos de privilegios fiscales los que hubo entre 2007 y 2015. Casi nada, más de $37 mil millones dólares.
Esos privilegios también eran corrupción y para ilustrarlo retomo un caso que ya he publicado, el cual da idea de lo turbio del asunto: en el sexenio de Peña Nieto, nada más en 2013, le fueron condonados 8 millones 695 mil pesos a Juan Armando Hinojosa Cantú, fundador de Grupo Higa, uno de los contratistas preferidos del ex presidente: sí, su cuate de la famosa Casa Blanca en Las Lomas de Chapultepec.
Al parecer esto de los regalos fiscales ya terminó en este sexenio y grandes conglomerados han tenido que pagar sus impuestos, lo cual hay que reconocer y celebrar, pero hay otros asuntos poco transparentes que persisten.
El verbo político del Presidente, desde su púlpito mañanero, espeta con frecuencia ese poderoso dicho que lo mantiene en elevados índices de popularidad: “No somos iguales”. Bueno, pues resulta que gente de su gobierno, de la administración pública federal, está haciendo cosas iguales a las que se tramaban y perpetraban durante la gestión de Peña Nieto, en términos de adjudicación directa de contratos, uno de los temas recurrentes que varios periodistas criticábamos al anterior mandatario y los hombres y mujeres de aquel gobierno.
Mire usted lo que documentaron los reporteros de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (https://contralacorrupcion.mx/adjudicaciones-directas-el-metodo-preferido-del-gobierno-de-amlo/):
-Que ocho de cada diez contratos del actual gobierno federal han sido entregados por adjudicación directa. Es decir… lo mismo que ocurría con Peña Nieto: el priista arrancó su primer año de gobierno (2013) con el 74.7% de los contratos cedidos por adjudicación directa (sin licitación, sin competencia para la búsqueda de mejores precios), y los llevó hasta el 82.6% (en 2017). El hombre entregó el poder con 81% de los contratos adjudicados directamente (2018).
¿Y qué ha sucedido con aquella promesa del Presidente de que esa práctica que genera posibles actos de corrupción sería erradicada? Nada, no se ha cumplido, todo sigue prácticamente igual: en 80%. En 2019 se trató del 80.7% de los contratos otorgados por adjudicación directa, en 2020 del 80.9%, y en 2021 descendió pírricamente a 80.3%.
En 2021 hubo 157 mil 796 contratos, de los cuales 126 mil 766 fueron por adjudicación directa, por designación del dedazo de alguien en la administración pública federal.
Y todo, también como antes, con presencia de algunas empresas fantasma, o de empresas constantemente beneficiadas.
¿De cuánto dinero estamos hablando? De poquito: de $143 mil millones de pesos, más de $7 mil millones de dólares. En términos de montos, no de contratos, las adjudicaciones directas representan el 38.1% del total, por encima del 36% que llegó a existir con Peña Nieto. Es decir que ahí no son iguales los de este gobierno, los de la actual administración pública federal, sino peores.
No sé si el Presidente esté al tanto de estos datos. No sé si alguien (alguno, o varios vivales) le dé “otros datos” y él crea que esta práctica se erradicó, o disminuyó sensiblemente, pero bien haría en revisar y poner orden en donde se puede generar buena parte da la corrupción, porque para eso lo elegimos.
¿O no?
BAJO FONDO
El IMSS, el Banco de Bienestar y el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) son las instituciones con mayores montos y porcentajes de adjudicaciones directas (ojalá que no acabemos descubriendo que estas áreas tan sensibles se convirtieron en nidos de corrupción y enriquecimiento ilegítimo), pero hay algo más interesante, porque también era de las aspectos que más se le criticaron a los anteriores gobiernos: los dineros gastados en la comunicación social, que no solo han continuado con el mismo esquema del dedazo, sino que la falta de competencia a través de licitaciones se ha acentuado: en el rubro de los servicios de comunicación social y publicidad, el 90% de los contratos que se dieron en la administración pública federal durante 2020 y 2021 se entregaron… por vía de la adjudicación directa, lo cual representa un incremento con respecto al cierre del sexenio previo, en donde habían sido el 78% del total.
Hace falta transparentar todo esto, explicar porqué prevalecen (y se amplían) los mismos procedimientos tan criticados por el Presidente contra aquellos gobiernos opacos y corruptos, aquellos gobiernos conservadores y neoliberales que formaban parte de la mafia del poder.
¿O nos engañaron y siempre sí son iguales, al menos en estos temas?
jp.becerra.acosta.m@gmail.com
Twitter: @jpbecerraacosta